Ecuador-Perú

Por Rodrigo Borja  

En una mañana de agosto de 1991 vino a verme de urgencia el Alto Mando Militar para comunicarme que se había producido una situación muy peligrosa con el Perú, cuando patrullas militares ecuatoriana y peruana acamparon frente a frente, a 30 metros de distancia una de otra, en la zona Cusumaza-Yaupi de la Amazonia.

Pensé que el error de alguien, el nerviosismo de alguien, la imprudencia de alguien podía ser la guerra. Llamé por teléfono al presidente Alberto Fujimori, a quien todavía no conocía personalmente, y le propuse separar las tropas a una distancia prudente. Me aceptó. Dimos las órdenes y conjuramos la situación.

Decidí entonces plantear una solución definitiva al problema territorial. A un mes y días del incidente fronterizo, desde la tribuna de la Asamblea General de las NN.UU. propuse al Perú el arbitraje del papa Juan Pablo II para resolver nuestro viejo litigio territorial. El planteamiento tuvo una gran acogida en los medios diplomáticos internacionales. Y la propuesta forzó al Perú a reconocer por primera vez lo que había negado por cincuenta años: que existía un problema territorial no resuelto entre los dos países, al que había que buscar una solución pacífica. Invité al presidente Fujimori a visitar Ecuador para tratar el problema. Vino en enero de 1992 y fue cordialmente recibido. Caminamos por las calles del centro histórico con el aplauso de la gente. A la salida del convento de San Francisco encontramos una enorme muchedumbre en la plaza, reunida espontáneamente, que gritaba “¡viva la paz!”. Improvisamos una tribuna y hablamos desde allí al pueblo de Quito: Fujimori con una banderita ecuatoriana en sus manos y yo con una peruana.

¡Esto era simplemente inimaginable!

Aquella visita fue la primera de un presidente peruano al Ecuador en 162 años de nuestra historia republicana. Dejé el gobierno en agosto del 92. El que vino después echó al tacho de basura la tesis del arbitraje. Y el acuerdo de paz con el Perú terminó con la suscripción, ante Notaria peruana, de una escritura pública de compraventa de un terreno llamado Tiwintza, de un kilómetro cuadrado de superficie, situado en el distrito Cenepa, valorado en 55.000 soles peruanos. La escritura pública habla de un “contrato de transferencia de propiedad privada a título gratuito” que otorga la Superintendenta de Bienes Nacionales del Perú “a favor del gobierno del Ecuador”. Y su cláusula 9ª manda que “el presente contrato se rige por las leyes y demás normas de la República del Perú. Cualquier asunto derivado del presente contrato será sometido a los jueces y tribunales del cercado de Lima”.

Pienso que, si no se desechaba el arbitraje papal, se pudo alcanzar la paz sin nuevos cercenamientos territoriales. Y no logro desprenderme de la ucronía patriótica de lo que pudo haber sido y no fue.

2 de diciembre de 2012.