Edificios ocupados sin permiso

Por Mauricio Cabrera Galvis  

El derrumbe de la torre Space en Medellín es una tragedia que no debió ocurrir, pero que puede repetirse en otras ciudades del país si las autoridades no establecen un estricto sistema de control a la construcción de este tipo de proyectos, en particular a los que se desarrollan en zonas de ladera y suelos inestables.

Según declaraciones al noticiero CM& de Federico Restrepo, quien fuera director de Planeación de Medellín, el problema radica en que un decreto del Gobierno Nacional les quitó a los municipios el instrumento más eficaz que tenían para ejercer ese control.

Este instrumento era la exigencia a los constructores de obtener el ‘Certificado de Permiso de Ocupación’ (CPO) como requisito para que les conectaran los servicios públicos de agua, energía y teléfono. Por supuesto, para expedir el CPO, las autoridades debían revisar la construcción y verificar que se habían cumplido todas las normas urbanísticas y de sismoresistencia. El control era muy efectivo pues nadie ocupa un apartamento sin servicios públicos.

En Medellín esta exigencia se plasmó en el artículo 5º del Acuerdo Municipal 45 del 2004, y en Bogotá el Concejo aprobó una medida similar en el 2007, pero en abril del 2010 el presidente de la confianza inversionista tumbó ese requisito con el decreto 1469 de ese año, cuyo artículo 53 prohibió explícitamente que se exigiera el CPO como requisito para la conexión de servicios públicos domiciliarios.

Restrepo opina que es posible que los gremios de la construcción hayan presionado para que se expidiera esta norma que dejó a los constructores con las manos libres para generar situaciones de hecho que hacían inútil cualquier control, pues una vez entregados y ocupados los apartamentos se hacía imposible exigir modificaciones para que se cumplieran las normas. El exfuncionario citó un ejemplo de un constructor en Medellín que obtuvo una licencia para un edificio de 10 pisos y construyó 14 pisos y cuando las autoridades se percataron no pudieron hacer nada pues ya estaba ocupado.

Las consecuencias de la generosidad del gobierno nacional con los constructores se vieron pronto: en Medellín dice Restrepo que cerca del 90% de las urbanizaciones incumplían al menos una norma urbanística; en Bogotá, la veeduría distrital constató que en dos años se expidieron 4.268 licencias para obra nueva y solo se solicitaron 205 CPO; en Cali, Planeación Municipal ha adoptado la actitud pasiva de no exigir el CPO si el constructor no lo solicita, renunciando así a la mínima posibilidad de control que les queda.

Los muertos de la torre Space se hubieran podido evitar si antes de que se ocuparan los apartamentos el Municipio hubiera podido revisar la construcción y exigir las modificaciones necesarias; pero hoy no tiene los instrumentos legales que le permitan este tipo de controles. La solución es que se vuelva a condicionar la conexión de servicios públicos a la expedición del Certificado de Permiso de Ocupación.

En la encuesta virtual de CM& el 85% de los votantes se mostró partidario de que se restablezca la norma que impide que se presten servicios públicos en edificios nuevos hasta que no sean revisados por las autoridades de control y otorgado el CPO. El Gobierno Nacional debe tomar nota de esta aplastante tendencia de la opinión pública y derogar rápidamente la prohibición del artículo 53 del decreto 1469 para evitar que ocurran tragedias similares, y las autoridades municipales deben actuar desde ya, aún con los limitados instrumentos que hoy tienen. La seguridad de los ciudadanos debe primar sobre los intereses de los constructores.

20 de octubre de 2013.