El 80% de violaciones a derechos humanos se presenta en municipios mineros según Informe de la Contraloría

De acuerdo con la investigación presentada por la Contraloría General de la República el pasado 6 de mayo, cuando la minería a gran escala se desarrolla en condiciones inadecuadas como ocurre en Colombia, se convierte en una de las principales causas de desplazamiento forzado y atenta contra varios derechos: “a la vida, a la paz, al trabajo en condiciones dignas, a la libre asociación, a la integridad física y familiar, a la salud, a la alimentación y a la soberanía alimentaria, a un medio ambiente sano”, entre muchos otros.

Las cifras dejan ver este amargo panorama: Según Funtraenergética, en 2011, el 80% de las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en Colombia se presentaron en los municipios mineros-petroleros (el 35% del total nacional); el 87% del desplazamiento forzado provenía de estos municipios y de quienes reciben regalías por producción minero-energética, mientras el 78% de los crímenes contra sindicalistas, el 89% contra indígenas y el 90% contra afrodescendientes se cometieron en las áreas donde el agro y la pesca se cambiaron, a las buenas o a las malas, por oro y petróleo.

Otra de las conclusiones es que los impuestos que pagan las empresas mineras no compensan con los beneficios tributarios que les da el Estado.

El estudio señala que en cinco años, las empresas propiamente mineras (las de mayor peso son las que extraen carbón y níquel), pagaron en promedio 878 mil millones de pesos anuales por concepto del impuesto a la renta, mientras que tuvieron deducciones, descuentos y exenciones que representaron un gasto tributario para el país de 1,78 billones de pesos.

Además, por cada 100 pesos que la minería paga al país las empresas dedicadas a la industria extractiva representan 200 pesos de pérdidas para el Estado, por cuenta de las deducciones, descuentos y exenciones.

El estudio llama la atención sobre la sostenida tendencia a la pérdida de participación del sector de minas y petróleo en el Producto Interno Bruto de las naciones que tienen industria extractiva, porque el país no se está preparando para reemplazar el faltante que dejará la disminución de esta actividad, mientras que sí heredará los efectos ambientales que deja la minería.

El informe, ‘Minería en Colombia’, fue dirigido por el analista económico y consultor internacional Luis Jorge Garay, con la participación de destacados expertos en el tema, como: Álvaro Pardo y Guillermo Rudas, miembros de la Red por la Justicia Tributaria en Colombia.

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