De acuerdo con la investigación presentada por la Contraloría General de la República el pasado 6 de mayo, cuando la minería a gran escala se desarrolla en condiciones inadecuadas como ocurre en Colombia, se convierte en una de las principales causas de desplazamiento forzado y atenta contra varios derechos: “a la vida, a la paz, al trabajo en condiciones dignas, a la libre asociación, a la integridad física y familiar, a la salud, a la alimentación y a la soberanía alimentaria, a un medio ambiente sano”, entre muchos otros.