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Jorge Gómez

EL CAMBIO DE OBJETO SOCIAL DE EPM ES UN MANDADO DEL ALCALDE QUINTERO AL CAPITAL FINANCIERO

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EL CAMBIO DE OBJETO SOCIAL DE EPM ES UN MANDADO DEL ALCALDE QUINTERO AL CAPITAL FINANCIERO

  • La alerta es hecha a los antioqueños por los corporados del POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, el congresista Jorge Gómez y el diputado Luis Peláez
  • El proyecto de Acuerdo que beneficiará a los prestamistas se quiere aprobar sin debate ciudadano y democrático.
  • Consideran la iniciativa como abiertamente ilegal y “de facto” cambia los propietarios de la empresa de los medellinenses.

La decisión del alcalde Daniel Quintero pretende poner a la consideración virtual del Concejo, un proyecto que busca incluir en el objeto social de EPM, más de 20 actividades compatibles con el mundo de los negocios, para que la empresa -supuestamente- “siga creciendo en ámbitos más allá de los servicios públicos domiciliarios”.

La iniciativa es hecha en plena época de confinamiento, a sabiendas de que el debate público sería mínimo, pues la sociedad se encuentra con los ojos puestos en asuntos urgentes, como la sobrevivencia, y los temas vitales incluidos en la citada propuesta, se quedarían en la burbuja de la Alpujarra.

El proyecto pide facultades extraordinarias por seis meses para concertar con los acreedores cambios en las actividades autorizadas en el objeto social de la empresa, precisando que, de las nuevas actividades, servicios y funciones propuestos, solo podrá excluirse aquellas que resulten incompatibles o inconvenientes con los compromisos que tenga suscritos EPM con sus acreedores.

“Más claro no canta un gallo”. A los tiburones del capital financiero les van a presentar un apetitoso menú y tendrán la facultad de escoger las mejores presas, con lo que se evidencia cambios “de facto” en la propiedad de EPM, en los destinatarios de los beneficios de la propiedad pública y en los interlocutores válidos. En resumen, el nuevo objeto social está hecho a la conveniencia de los agiotistas.

El proyecto viola abiertamente lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 142 de 1994, que le define con claridad el alcance de las actividades en que pueden incursionar las empresas de servicios públicos domiciliarios, lo que además de privatizador e inconveniente, convierte el proyecto en abiertamente ilegal.

Basta ya de tarifas confiscatorias para los dueños y usuarios de la empresa, mientras se trata de adecuar para que los usureros hagan jugosos negocios. La grave amenaza

contra el más valioso patrimonio de los medellinenses, amerita la conformación de la más amplia convergencia ciudadana para su defensa como bien público y como instrumento idóneo para la prestación de servicios de calidad y pagables para Medellín, Antioquia y Colombia, convergencia que estamos dispuestos a acompañar de manera entusiasta

Medellín, julio 8 de 2020

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