El descalabro constitucional

Por Eduardo Sarmiento Palacio   

La alianza entre Gobierno, cortes y Congreso dejó mal librada a la Constitución en el capítulo de reforma a la justicia.

Los acontecimientos de la reforma a la justicia comprometen la responsabilidad de las tres ramas del poder. Una vez aprobado el acto legislativo, el ministro de Justicia a nombre del Gobierno expresó que,

gracias al trabajo conjunto con el Congreso y las cortes, se había logrado un ordenamiento jurídico sin precedentes que contribuiría al bienestar y a la equidad de los colombianos. A las pocas horas se desató el rechazo masivo de la sociedad civil a los cambios constitucionales que les concedían beneficios judiciales a los congresistas.

El presidente Santos, que había acompañado al ministro de Justicia durante un año en las discusiones y consensos de la reforma, la descalificó en términos despectivos. Apartándose de los procedimientos señalados en la Constitución, objetó el proyecto aprobado y conminó al Congreso a hundirlo.

Las causas de los errores se han atribuido a aspectos puntuales y han recaído principalmente en la comisión de conciliación, que en algunas disposiciones se excedió en su función. Sin embargo, los aspectos gruesos de privilegios tanto a los congresistas en materia de la pérdida de investidura y de los procedimientos para someterlos a la justicia, como a los magistrados de las cortes en materia de edad y período de nombramiento, estaban incluidos en ambos textos.

La verdad es que se presentó una alianza entre el Congreso, representada por los miembros de la unidad nacional, el Gobierno y las cortes para modificar la Constitución con propósitos particulares. Se quebró el principio fundamental de separación de poderes, que está en todas las constituciones democráticas del mundo. Y la salida se encontró por el atajo, corrigiendo el entuerto con otra alianza entre Gobierno y Congreso.

La Constitución sale mal librada. Quedó demostrado que los procedimientos contemplados para cambiar o enmendar las normas por la vía del Congreso generan toda clase de incentivos perversos. Propician una alianza entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial para obtener beneficios particulares. Así ocurrió con los trámites a la reelección presidencial y ahora sucede con la reforma a la justicia.

El fracaso de la reforma a la justicia es similar al de los proyectos de ley de la salud y la educación. En las tres áreas de tiempo atrás se presentan falencias que afectan seriamente a la población y han sido postergadas por intereses creados.

La ley de reforma a la salud, luego del colapso en la administración anterior, se vio interferida y obstaculizada por los vínculos entre las empresas del sector y los servidores públicos. Al final se mantuvo la estructura monopólica que induce a prestar servicios inferiores a las cotizaciones y resulta en un caos financiero.

Asimismo, el proyecto de ley para elevar la cobertura y la calidad de la educación superior se buscó por la vía de la privatización y el lucro individual, que provocó el rechazo unánime de los estudiantes y el retiro de la propuesta. No es aventurado afirmar que la misma suerte amenaza a los anuncios de reformas tributarias y pensionales. Dentro de las graves y mutuas inculpaciones del Gobierno, el Congreso y las cortes, mal podría esperarse que estos proyectos se encaminen a elevar los gravámenes al capital y los altos ingresos y a recortar los sistemas privilegiados de pensiones. La solución no es abandonar las reformas constitucionales, indispensables para realizar grandes transformaciones sociales y económicas. Lo que se requiere es un marco constitucional, llámese asamblea nacional o referendo amplio, que rompa las alianzas de poderes e intereses particulares, anteponga el bien público y contribuya a revertir las crecientes desigualdades de la sociedad colombiana.

El Espectador, Bogotá, julio 1 de 2012.