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El interés nacional o el de las multinacionales

Por José Arlex Arias Arias  

En algunos sectores ha llamado la atención la forma como se estructuran las concesiones en Colombia. Es la feria de los negocios,  que por supuesto busca asegurar grandes utilidades para sus dueños.

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Por José Arlex Arias Arias  

En algunos sectores ha llamado la atención la forma como se estructuran las concesiones en Colombia. Es la feria de los negocios,  que por supuesto busca asegurar grandes utilidades para sus dueños.

Es la época de los Gobiernos Corporativos, el de “altos ejecutivos” que especulan por doquier y no les importa llevarse por delante cualquier otro interés, sobre todo, el Interés Nacional, para sacar el mayor provecho posible de sus “negocios”. En resumen, ponen “el patrimonio nacional a su servicio”.

Es menester insistir que defiendo el fomento de la producción nacional; que nuestros empresarios gocen de todas las garantías del Estado, pero teniendo en cuenta que éstas no pueden pasar por encima del interés colectivo de quienes constituimos esta Nación. Nada más mentiroso que asegurar que al hecho de vender o entregar en concesión una parte del patrimonio nacional se le pueda denominar democratización, cuando en realidad es el eufemismo utilizado para disfrazar las privatizaciones. El mayor grado de democratización se obtiene cuando el patrimonio es de la Nación, porque entonces le pertenece a toda la población.

Recabo en la necesidad de que los colombianos seamos celosos con nuestro patrimonio -de los más diversos e importantes del mundo- por la forma como ha venido siendo entregado por los “altos ejecutivos” de estos gobiernos, quienes, por ejemplo, reemplazaron a rectores y directores por gerentes, con lo cual todo queda sometido al dogma de fe neoliberal de que “todo es una mercancía, por lo tanto susceptible de venderse, producir utilidades y volver el negocio autosostenible”. Principio que limita el acceso a los Derechos Fundamentales sólo a quienes cuentan con el dinero requerido.

El 30 de septiembre de este año tendría que revertir a la Nación la concesión que mediante contratos 866 de 1963 y 1727 de 1970, el gobierno colombiano realizó con Cerro Matoso S.A. -CMSA- BHP Billinton, para la explotación de la mina de ferroníquel en Montelíbano, Córdoba. “El contrato 866-63, contiene aspectos como la duración, que era de 25 años, con una prórroga máxima de cinco años.  Esta cláusula fue reconfirmada por la ley 2655 de 1988 -el Código de Minas-, que establece un plazo máximo de 30 años para los contratos mineros, con reversión de los bienes al Estado, sin posibilidad de renovación”, dice Álvaro Pardo, director de Colombia Punto Medio. Agrega que “el contrato se prorrogó por cinco años a partir del 1º de octubre de 2007, por lo cual se vence el 30 de septiembre de 2012”. Pero “en 1996 se suscribió el contrato 051-96M, por el ministro de Minas, Rodrigo Villamizar, con varias cláusulas que van más allá de las normas mineras, extendiendo el periodo original de 30 años. No es exacto afirmar que CMSA tenga derechos hasta el año 2029, pues las normas vigentes en la fecha de los contratos no lo permitía”, dice Álvaro Pardo.

El litigio de los colombianos es en términos de tiempo de la concesión y por las condiciones leoninas entregadas a la multinacional. El investigador Luis Jorge Ferro Casas asegura que “no es conveniente para la Nación proceder a una prórroga pues el canon de arrendamiento de los bienes revertidos tienen una tasa de 1,25% cuando debe ser de al menos el 4,79% sobre las utilidades operacionales”. Esto sin contar que la multinacional ha hecho todo tipo de maniobras contables para no reconocer a Colombia las regalías sobre la producción real. El gobierno de Santos está en la obligación de hacer que este patrimonio reverse a la Nación, para que perciba cerca de $350 mil millones anuales que financien la inversión social, no puede aducir la ineficiencia del Estado, porque para ello tiene sus gerentes corporativos. Cerro Matoso paga menos regalías de las que debiera cancelar por tamaño de explotación, por eso la Contraloría pidió revisar sus cifras de producción; en 30 años ha exportado 910.000 toneladas de níquel, con ingresos por $20,9 billones. Pero el Estado sólo ha recibido por regalías $1,5 billones y por impuestos $3,9 billones.

¡El problema es que la mayoría de estos dirigentes separaron el Interés de la Nación de su suerte personal!

arlexariasarias@hotmail.com

Cartagena, 1 de octubre de 2012.


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