Por Francisco Torres*  

La política educativa del Gobierno de Santos es acelerar y profundizar la privatización en todos los niveles, adecuar la educación a los intereses de las multinacionales y el capital financiero y destruir lo que queda de los derechos del magisterio. En ese último aspecto ya se han hecho públicas las estrategias destinadas a acabar con rapidez el 2277 e imponer un 1278 reforzado para llevar a los maestros a las más terribles condiciones laborales, en armonía con lo acordado en los TLC.