El negocio de 4G en salud, columna de Clara López en El Tiempo

Por Clara López Obregón / El Tiempo  

Las reformas iniciadas con la Ley 100 de 1993 han seguido un patrón de negocios lucrativos que tienen hoy en jaque el derecho a la salud de la población. La primera generación de los negocios de salud arrancó con la creación de las EPS, bajo un régimen de gestión privada, pero también de debilidad manifiesta en la capacidad de vigilancia y control estatal. Ello permitió a las EPS erigir un complejo andamiaje de barreras de acceso al sistema –una verdadera muralla china

entre el paciente y la salud–, que amplió la “cobertura” pero negó los servicios.

La segunda generación de negocios se fincó en la integración vertical autorizada a las EPS. El más sencillo análisis económico de esa figura permitía prever los incentivos perversos dirigidos a promover el más enorme y todavía no cuantificado desvío de recursos públicos hacia el patrimonio de particulares de que se tenga conocimiento. Se trata de la utilización de las cotizaciones del sistema para la construcción de infraestructura que entraba en los balances privados de las EPS, hasta que la contralora Morelli le puso ‘tatequieto’. Pero, ojo, la reforma puede dejar ese enorme peculado impune.

La tercera generación de negocios de la salud vino por cuenta de los recobros al Fosyga. Las barreras que intentaba derrumbar la tutela fueron convertidas, bajo la vigilancia de una Superintendencia colonizada por sus vigilados y presionada por sus adláteres en la política, en otra oportunidad para esquilmar al Estado, que acabó pagando dos veces por los servicios de salud del POS a que tienen derecho los usuarios.

Ahora llega la 4G de los negocios de la salud. El nuevo Plan de Beneficios, denominado Mi Plan, cubrirá los servicios esenciales para toda la población. Las exclusiones serán taxativas, pero de posterior reglamentación. La reforma contempla esas exclusiones bajo la denominación de “cobertura complementaria”, que podrán ofrecer las EPS ahora denominadas gestores de servicios de salud (GSS), las compañías de medicina prepagada y las compañías de seguros privados.

En la actualidad, esta línea de negocios no ha podido crecer gracias a la acción protectora de la tutela. Hoy representa apenas el 6 por ciento del gasto total en salud, que este año alcanza los 46 billones de pesos. La reforma cambia esta situación al permitir captar la llamada “plata de bolsillo” de la gente trabajadora y de clase media para pagar esos servicios “complementarios” no cubiertos por el sistema. ¡Ojo! Pueden ser servicios cruciales, pues Mi Plan no cubrirá la atención o rehabilitación del paciente cuya finalidad no sea el diagnóstico o la curación de la enfermedad. En gracia de discusión, ¿quién pagará la atención de la discapacidad o los paliativos de las enfermedades incurables? Ya vendrán los topes de días de hospitalización, límites para sesiones de quimioterapia, la exclusión de cobertura de las prótesis, etc., etc.

Para estimular y aclimatar este nuevo negocio, la reforma prevé autorizar que la cotización obligatoria del usuario pueda destinarse como parte de pago del negocio de 4G. En ese instante, la cotización se transforma en dinero particular, pierde su carácter público y, con ello, la vigilancia, control y tutela estatal.

A cargo del 4G en salud se reeditan la desigualdad social y la discriminación por ingresos. ¡No hay tal plata de bolsillo! Se trata del carro, los ahorros para la educación de los hijos, la casa, la quiebra, salvo para el muy escaso 1 por ciento que tiene indignado al mundo entero. La reforma debe regresar al tablero. El Congreso debe archivarla. Colombia se merece un sistema equitativo, democrático y sólido en salud.

El Tiempo, Bogotá.