En el año 2016, ciento seis madres comunitarias interpusieron una tutela ante la Corte Constitucional quien tuvo como ponente al Senador del Polo Democrático Alternativo Alexander López, exigiendo garantías para hacer efectivos sus derechos laborales y ser reconocidas como trabajadoras teniendo en cuenta que cumplen con funciones misionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por lo que, la Corte Constitucional profiere la Sentencia T-480 de 2016 la cual manda que el Estado debe formalizar laboralmente a las madres comunitarias y garantizar todos sus derechos laborales incluso el pago retroactivo de la pensión. Sin embargo, en febrero del 2017 el Estado en cabeza del presidente Juan Manuel Santos solicita anular el fallo de la Corte Constitucional con el argumento de que no se cuenta con el presupuesto suficiente para ello y que ellas ya cuentan con contratos que garantizan el cumplimiento de sus derechos laborales.