El rastro imborrable

Por Daniel Coronell  

En el último pataleo -antes de que la Corte Suprema de Justicia emita su veredicto- los ministros de la yidispolítica intentan desacreditar a la testigo en su contra. Sabas Pretelt y Diego Palacio han buscado solidaridad mediática para una estrategia lanzada en vísperas de la decisión que determinará si compraron o no el voto dorado para aprobar la nefasta reforma que permite la reelección presidencial.

Confían en que si demuestran que Yidis Medina es mentirosa, la Corte deberá concluir que ellos son inocentes. Después de un concienzudo trabajo detectivesco han encontrado, por ejemplo, que no es cierto -como decía Yidis Medina- que ella hubiera estudiado hasta séptimo semestre de Psicología en la Universidad Abierta y a Distancia. Tienen pruebas de que sólo cursó hasta cuarto semestre.

Con otras revelaciones, tan irrelevantes para el caso como la anterior, la defensa de los ex ministros quiere sacarlos absueltos.

Lo malo para ellos es que además del testimonio de Yidis Medina, hay un cúmulo de evidencia documental que muestra que el voto de ella y la ausencia de Teodolindo Avendaño fueron comprados con recursos públicos (puestos y contratos) justo cuando Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio eran ministros del Interior y Protección Social.

Es imposible borrar de la historia, por ejemplo, que tanto Yidis Medina como Teodolindo Avendaño recibieron notarías después de la votación que hizo posible la reelección.

En el caso de Yidis, uno de sus pagos fue la Notaría Segunda de Barrancabermeja en la que fue nombrada Sandra Patricia Domínguez Mujica.

En medio del proceso, Sabas Pretelt aseguró que esa notaria no había sido nombrada por influencia de Yidis Medina, sino por sus propios méritos.

¿Si fuera así, cómo se explica que la notaria Sandra Domínguez le hubiera firmado un pagaré en blanco a la congresista? Ese documento está en el expediente de la Corte Suprema.

La notaria Domínguez salió del despacho unos meses después mientras era señalada como posible autora de un peculado con retenciones en la fuente.

A pesar de eso encontró pronto un trabajo importante en Bogotá. La nombraron Jefe de Control Interno de Caprecom, una entidad dependiente del Ministerio de Protección Social. Ese nombramiento además fue avalado por el Departamento Administrativo de la Función Pública de la Presidencia. La cuestionada ex notaria pasó todos los controles por una vía extra rápida.

En reemplazo de Sandra fue designada en la Notaría de Barrancabermeja, la abogada María Lucelly Valencia. Sabas Pretelt sostiene que en ese nombramiento tampoco tuvo nada que ver Yidis Medina. Sin embargo en poder de la Corte hay un documento titulado “Compromiso entre las Partes”.

Allí, la notaria Valencia se obliga a “colaborarle políticamente a la doctora Yidis Medina con la ubicación de personal calificado y no calificado en la Notaria 2 de Barrancabermeja”. El documento concluye, en contra de lo sostenido por el ex ministro: “lo anterior en reconocimiento de que gracias a su intervención, frente al Gobierno Nacional, fui nombrada Notaria 2 de Barrancabermeja”.

Teodolindo Avendaño, además de recibir la notaria 67 de Bogotá y de haberla vendido por 450 millones de pesos, obtuvo contratos del Inco y del Ministerio de Protección para su nuera  Vania Constanza Castro.

La condena al ex representante dice textualmente “Lo que ha podido probarse es que las prebendas reconocidas a Teodolindo Avendaño fueron de orden burocrático, para su lucro personal”… “Su nuera Vania Constanza fue favorecida con un contrato de asesoría, precisamente del Ministerio de Protección Social”.

La Corte tiene la evidencias y la posibilidad de cerrar el circuito del delito de cohecho. O de dejarlo abierto para siempre.

Revista Semana, Bogotá, 20 de octubre de 2013.