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El silencioso embajador en Washington

Por Daniel Samper Pizano  

Carlos Urrutia, delegado de Colombia ante Estados Unidos, está en mora de aclarar su papel en la venta de tierras campesinas a grandes conglomerados.

Mientras en Colombia pasan agachadas las noticias sobre la compra de tierras campesinas

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Por Daniel Samper Pizano  

Carlos Urrutia, delegado de Colombia ante Estados Unidos, está en mora de aclarar su papel en la venta de tierras campesinas a grandes conglomerados.

Mientras en Colombia pasan agachadas las noticias sobre la compra de tierras campesinas que hicieron varios conglomerados, en Estados Unidos dos prestigiosas publicaciones informan sobre el asunto y vinculan al embajador en Washington a lo que, según el diario The Wall Street Journal, “muchos colombianos consideran un despojo”. Tanto el Journal como la revista Time dedican amplio espacio a la compra de 80.000 hectáreas de tierra en el Vichada. Los congresistas Jorge Enrique Robledo y Wilson Arias afirman que se violó la ley al pasar la propiedad de predios de labriegos a las empresas Cargill –productora gringa de alimentos–, Riopaila Castilla S. A. y Grupo Aval S. A. (propietario de El Tiempo).

Citando códigos y dos leyes susceptibles de interpretaciones, los portavoces de las tres compañías niegan cualquier ilegalidad. Sin embargo, el procedimiento por el cual las fincas campesinas se volvieron latifundios es altamente sospechoso. En el caso de Riopaila y Cargill, funcionó una red de empresas fantasmas que incluye la creación en Bogotá de 27 sociedades anónimas simplificadas (SAS), cuyo único socio era el abogado Francisco Uribe Noguera, y el traslado de dichas sociedades a España, donde Uribe las cede a cinco firmas españolas afincadas en Luxemburgo. Estas, a su turno, crean otras que compran a las primeras, y al final del tortuoso laberinto aparece Riopaila y se queda con la tierra. A través de una filial y 26 SAS, Cargill emplea malabarismos parecidos que le permiten hacerse con 40.000 hectáreas de campesinos pobres.

Si todo era legal, diáfano, transparente, ¿por qué necesitaron semejante baile internacional de sociedades, con paraísos fiscales como Luxemburgo y un destino final común?

Aquí hay tres problemas. Por un lado, la irregularidad de las maromas, ya declarada por varias autoridades. Por otro, la presencia entre telones de la conocida firma de abogados Brigard & Urrutia, diseñadora y ejecutora de las complicadas tramas jurídicas, a la que pertenece el abogado Uribe. ¿Se prestó el exitoso bufete para sacar el cuerpo a la ley mediante un barroco entramado societario? Finalmente: ¿debe renunciar a su puesto el embajador Carlos Urrutia, socio y cerebro de Brigard & Urrutia cuando se diseñaron las retorcidas redes de empresas, como lo exigen los congresistas del Polo Democrático?

Urrutia es un gran abogado, pero carece de experiencia diplomática. Lo nombró allí el presidente Juan Manuel Santos por amistad y capacidades. Enfrentamos, pues, un viejo virus administrativo sobre el que prevenía hace 80 años el expresidente Eduardo Santos, tío de JMS y prócer liberal del siglo XX: el peligro de los hombres de negocios cuando ocupan puestos del Estado, pues a menudo arrastran intereses incompatibles con la función pública y despliegan talante de empresarios particulares, acostumbrados a vigilancias acomodaticias.

No digo que todo empresario convertido en diplomático de ocasión sea un problema. Madrid prueba que no es así. Pero Urrutia reaccionó como un ejecutivo de empresa y no como un servidor público. Cuando el senador Robledo le preguntó por su papel en la confección de las telarañas del Vichada, respondió en una carta con timbre de la embajada en Washington: “Usted formula una serie de preguntas que nada tienen que ver con las funciones que desempeño”.

Se equivoca, embajador Urrutia: existe una fiscalización política ejercida en nombre de la confianza pública que acompaña o pierde un funcionario. Los embajadores son empleados de los contribuyentes y deben aclararnos toda duda que exista sobre su pasado, presente o futuro. Por eso me sumo a la pregunta: ¿cuál fue su papel en la arquitectura de este anómalo laberinto jurídico mediante el cual las propiedades campesinas pasaron a dos grande conglomerados en una zona de guerra social? Si el Gobierno está satisfecho con su silencio, los ciudadanos no.

El Tiempo, Bogotá, 14 de julio de 2013.


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