En carta a presidente Santos, Arias le pregunta por sus parientes en la altillanura y los intereses que rodean proyecto de ley sobre baldíos

El representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, Wilson Arias Castillo le envió una fuerte carta al presidente de la República, Juan Manuel Santos, cuestionando la posición que ha tomado el gobierno nacional frente al escándalo desatado por la acumulación ilegal de baldíos en la altillanura colombiana.

En la misiva se señala que asesores del alto gobierno, como Néstor Humberto Martínez o José Leibovich, estarían impedidos para opinar sobre las inversiones realizadas en esa región

del país, puesto que han estado relacionados con Corficolombiana, sociedad que pertenece a Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien ha comprado predios con antecedente de baldío en la Orinoquia. El primo del señor Presidente, Francisco Santos, también habría efectuado compras de tierras en la misma zona.

Por ello, el representante Arias le pide al primer mandatario que aplique cabalmente la ley que prohíbe la concentración de baldíos, en vez de impulsar un proyecto de ley que sanee esas compras ilegales y que aclare al país qué otros familiares suyos o funcionarios de su gobierno podrían resultar afectados por la acción gubernamental en esta materia.

También el congresista del Polo Democrático anuncia un nuevo debate de control político para el miércoles 14 de agosto en plenaria de Cámara, donde presentará un nuevo caso de acumulación de baldíos, profundizando en la permisividad y promoción del Estado colombiano frente a este fenómeno.

A continuación, el contenido completo de la carta:

Bogotá, agosto 12 de 2013

Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERON
Presidente de la República de Colombia
Bogotá.

Asunto: Preguntas sobre sus familiares, allegados e intereses en la Orinoquia Colombiana

Respetado señor Presidente:

En el debate público en torno a las irregularidades en que incurrieron grandes empresarios nacionales y extranjeros –todos a conciencia–, para hacerse a la propiedad de extensiones de tierra en la Altillanura colombiana, la actitud del gobierno ha sido por lo menos ambivalente.

Funcionarios de su gobierno habían solicitado a los jueces la nulidad de tales transacciones y después el recién posesionado Ministro de Agricultura Francisco Estupiñán, calificó las maniobras utilizadas por Riopaila Castilla S.A., la multinacional Cargill y otras compañías como “no muy jurídicas”, como “acumulación indebida”. Pero más adelante usted, señor Presidente, afirmó que estas denuncias son “sofismas” de la oposición. Ha trascendido además, que el Proyecto de Ley sobre baldíos que prepara su gobierno, busca ahora asegurar los beneficios de tales transacciones irregulares, en lugar de aplicar cabalmente la legislación vigente, según la cual esas tierras deben regresar sin dilación a manos campesinas. También que en la redacción del Proyecto inicial participó el abogado Néstor Humberto Martínez, asesor del Señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien ha hecho diversas y cuantiosas inversiones en la zona, entre otras para adquirir baldíos sujetos a las disposiciones de la Ley 160 de 1994. Todo ello mientras en La Habana se habla de desarrollo rural y de la creación de un banco de tierras para la paz.

De otro lado, hemos conocido que personas de su familia y altos funcionarios del gobierno, tienen manifiestos intereses en que se protejan dichas inversiones en esa región. Me refiero por ejemplo al Dr. Carlos Urrutia, quien por su participación en el diseño de la estrategia jurídica para burlar las limitaciones a la acumulación de tierras, tuvo que dimitir de su cargo como embajador en los Estados Unidos. O al caso del Dr. José Leibovich, encargado por el gobierno para el desarrollo del “CONPES de la Altillanura”, pese a sus vínculos con Corficolombiana, emporio del que es gran accionista precisamente Luis Carlos sarmiento Angulo. O al rumor a gritos según el cual, su primo hermano Francisco Santos Calderón, es propietario de varios predios en esa zona.

El país está a la espera de que se actúe con justicia frente a las irregularidades cometidas por estos acumuladores de predios baldíos y de que éstos sirvan para asegurar “el acceso a la propiedad de la tierra” por los campesinos, como lo rezan la constitución y la Ley actuales. Para esto, urge que el gobierno nacional que usted encabeza, aclare su posición y sobre todo informe los posibles intereses colaterales que rondan este debate.

Es necesario entonces que usted le informe al país, en concreto: ¿qué otras personas familiares del Presidente, en los distintos grados de parentesco por consanguinidad o afinidad, y qué otros grupos económicos del entorno del gobierno o de sus funcionarios o designados, podrían resultar afectados por la acción gubernamental en la Orinoquia o por los Proyectos de Ley sobre tierras baldías de la Nación? Pero además, frente a tantos antecedentes y en medio de un proceso de paz que reclama un banco de tierras para la paz, ¿impulsará con su “Unidad Nacional” un proyecto de Ley en el congreso, para legislar en favor de empresas y personas allegadas a su familia y su gobierno? ¿Legalizará los beneficios de aquellos nacionales y extranjeros que compraron tierras con infracción de una Ley que las destina a campesinos pobres, y en relación con cuyas transacciones algunos funcionarios de gobierno ya solicitaron la nulidad ante los jueces de la República?
 
Atentamente,
 

WILSON ARIAS CASTILLO
Representante a la Cámara, Polo Democrático Alternativo