En Colombia se celebra el 1 de Mayo en medio de una profunda crisis social y un regresivo paquetazo legislativo neoliberal

Periódico Polo

Los trabajadores colombianos celebran su tradicional día, este 1 de Mayo, en medio de una profunda crisis social generada por más de dos décadas de implantación de un modelo económico inequitativo, profundizado por los dos últimos gobiernos mediante la puesta en marcha de políticas de sello neoliberal que el geógrafo británico David Harvey, ha denominado como “acumulación por desposesión” de bienes públicos y recursos naturales por parte del gran capital financiero trasnacional.

O lo que algunos científicos sociales han catalogado como “neoliberalismo armado” para aludir a proyectos como la locomotora minera del presidente Santos, cuyo objetivo apunta a consolidar la matriz extractiva exportadora bajo control transnacional y los procesos de recolonización político-económicos mediante la puesta en vigencia de tratados de libre comercio.

La celebración del Día Internacional del Trabajo en Colombia está antecedida además por un intenso paro cafetero y cacaotero de varios días, cuyos organizadores reclamaron mejores condiciones de productividad, así como de movilizaciones en varias ciudades del país realizadas por los maestros agremiados en FECODE y universitarios liderados por la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil (MANE), que reivindicaron derechos laborales, calidad y gratuidad en la educación pública.

Gobierno busca mejorar negocios de salud y pensiones

En su empeño por profundizar el modelo neoliberal en Colombia y darle mayores gabelas de ganancia al capital transnacional que domina los negocios de la salud y las pensiones, el gobierno de Santos anunció sendas reformas a estos sectores

Se trata, como dijo el senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo de una “monumental mentira”, puesto que el gobierno ha anunciado que va a acabar con las Empresas Promotoras de Salud (EPS) ante su ineficiencia y en muchos casos a corrupción comprobada, cuando simplemente se trata de cambiarles de nombre, porque continuará la intermediación financiera.

 “Se está ante la peor reforma a la salud desde la aprobación de la Ley 100 de 1993, porque lo único bueno que les ha pasado a los colombianos en este aspecto en casi veinte años es la creación del No POS (Plan Obligatorio de Salud), en razón de los fallos de tutela”, mecanismo jurídico que también el gobierno busca eliminar de la reforma.

Adicionalmente, el senador Robledo explicó que esta iniciativa del gobierno de Santos es política del Banco Mundial y está diseñada para favorecer a los banqueros. “Se trata de una propuesta tan mala que, como lo señaló la Contralora y la Federación Médica Colombia, incluso se atreve a decir de frente que los recursos públicos para la salud se volverán privados cuando pasen a las nuevas EPS (las llaman “gestoras”), hecho que fue el que generó la intervención de Saludcoop”, explicó el congresista del Polo.

“Muy al estilo santista, el texto de la reforma, al igual que la palabrería con la que ha sido presentada, está cuidadosamente pensado para engañar a los colombianos”, agregó Robledo, pues su espíritu apunta a “fortalecer el sistema de las empresas de medicina prepagada, reforzadas con las compañías de seguros, porque es objetivo primordial imponer un POS restringido –Mi Plan– y que el que quiera algo mejor lo pague por aparte según su capacidad económica. Mala medicina para casi todos y medicina mejor para unos pocos, es la consigna”.

Ataque a trabajadores formales y a la clase media

Robledo también analizó el alcance la reforma pensional, de la que dijo que constituye “otro ataque a los trabajadores formales y a la clase media”, como sucedió con la reforma tributaria aprobada a finales de 2012.
 
Con esta reforma se trata, sostuvo el congresista del Polo, de “arrebatarles gran parte de sus derechos en pensiones a más de un millón de familias colombianas, que ganan más de dos salarios mínimos” (magisterio, rama judicial, entes de control, etc.). Porque muchos de quienes hoy tienen derecho a pensionarse con el 65 por ciento del sueldo promedio de los últimos diez años, se pensionarán con una reducción significativa de ese monto, dependiendo de cada caso”.

Agregó que, “en su populismo, el gobierno presenta casi como delincuentes a quienes hoy tienen determinados derechos pensionales, cuando ellos lo único que han hecho es trabajar honradamente y cumplir con la leyes de la república en cuanto a sus aportes para pensiones”. Y Santos oculta que una parte importante del problema tiene origen en que los gobiernos se malgastaron aportes pensionales del orden de 60 billones de pesos en el 2001.

Profundiza negocio de intermediación financiera 

“Como era de esperarse en un gobierno tan sumiso al FMI”, dijo Robledo, la reforma del presidente Santos y su ministro de Trabajo, Rafael Pardo, también está diseñada para profundizar el negocio de la intermediación financiera de los fondos privados de pensiones, que hoy manejan 123 billones de pesos.

Entre las falacias de la reforma está llamar “pensiones” a unos auxilios de montos bajísimos a quienes el régimen neoliberal les impide pensionarse, auxilios que en vez de financiarse con una economía que funcione mejor o con mayores impuestos a las enormes ganancias de los monopolistas nacionales y extranjeros, se los quieren cobrar a más de un millón de familias de colombianos honrados y trabajadores. Lo que se pretende es de la misma estirpe de la reforma tributaria santista, que les redujo los impuestos a los verdaderos ricos y se los aumentó al resto de los colombianos, recabó Robledo.

En síntesis, puntualizó, “la reforma se resume en que Santos insiste en su objetivo de poner a casi todos los colombianos en el suelo, en tanto que en la cama repleta de privilegios solo se quedan un puñado de magnates”.

Gobierno responsable de crisis del sector agropecuario

Otro factor que viene afectando la economía nacional es la profunda crisis del sector agropecuario, afectado por las políticas aperturistas adoptadas a partir del gobierno de César Gaviria a comienzos de la década de los 90 y continuadas por sus sucesores. El panorama de la agricultura colombiana es desolador, por lo que el senador Robledo ha sentenciado: si se mantienen las actuales políticas, este sector no tiene futuro.

En el caso del reciente paro cafetero, el senador del Polo sostuvo que las culpables de la crisis cafetera son las malas políticas. “Tráiganme al agricultor más eficiente de Estados Unidos y pónganmelo a cultivar en nuestros campos, con revaluación, pésimas vías, crédito inaccesible, precios bajos, insumos caros, gasolina por las nubes y escasa asistencia técnica, a ver si no se quiebra”, señaló Robledo.

Ante este oscuro panorama, el congresista pidió la renuncia del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, por cuanto su gestión es en grado superlativo responsable de la crisis cafetera. “¿Cómo es posible que hayan dejado ustedes envejecer los cafetales?”, le recriminó al funcionario. Y es que en los últimos doce años, la producción cayó en 27%, pero las importaciones crecieron en 4.490%. En participación en el mercado mundial, Colombia bajó del 14 al 6%, mientras que Brasil subió del 26 al 39% y Vietnam, del 1 al 14%.

Crisis productiva y desindustrialización

Las políticas neoliberales prácticamente han dado al traste también con el aparato productivo nacional generando informalidad laboral y un proceso ascendente de desindustrialización, puesto que los gobiernos de Uribe y Santos le han apostado a la minería y al sector energético que muy poca mano de obra genera.

En concepto del analista económico Eduardo Sarmiento Palacio, la desindustrialización es una constante en los más de veinte años de aplicación de las políticas neoliberales en el país. A ello se llegó, explica, porque hubo un desmonte arancelario que ha ido cada vez en aumento con la suscripción de tratados de libre comercio, a lo que se agregó el esquema de banco central autónomo y se privilegió la inversión extranjera, “para inducir una estructura productiva dominada por la minería que no genera empleo, los servicios que están representados principalmente en el sector informal y la agricultura tropical que carece de demanda”. De esta manera, agrega, “el país cosechó lo que sembró. Se configuró un modelo modesto de crecimiento, elevado desempleo e informalidad y declive de los ingresos del trabajo con respecto al capital.

Sarmiento Palacio explicó además que los gobiernos neoliberales en Colombia han hecho creer que la inversión extranjera constituye un gran aporte para el desarrollo del país, lo cual, dice, es una gran mentira.

“La inversión extranjera se justificó -explica- sobre la base de que aumentaba el ahorro y que fortalecía el sector externo y lo que vemos es que los países muy dependientes de ésta debilitan el ahorro interno, y lo más grave de todo, debilitan los sectores externos a través de la revaluación. Todos estos argumentos que llevaron a justificar la inversión extranjera resultaron una gran mentira. Necesitamos, por el contrario, un modelo que le dé clara prioridad al ahorro interno y que de ninguna manera permita revaluaciones que destruyen a los sectores industrial y agrícola, y que llevan a la primerización de petróleo y minería”.

Enfermedad holandesa en Colombia

Las inversiones en minería y en el sector energético por parte de las transnacionales, las cuales gozan de amplísimas gabelas tributarias por parte del Estado colombiano, han generado en la economía del país lo que se conoce con la denominación de enfermedad holandesa que es el nombre genérico que se le asigna a las consecuencias dañinas provocadas por un aumento significativo en los ingresos de una nación.

El analista económico Aurelio Suárez Montoya, explica que la enfermedad holandesa en Colombia se expresa a través de “síntomas clásicos de este mal, como la pérdida de participación en el PIB de la agricultura y la industria y su paulatino marchitamiento; la apreciación en la tasa de cambio del 40 por ciento en una década, de las más altas del mundo; en la sustentación del desarrollo nacional en la explotación y exportación de recursos naturales no renovables y el sector financiero”.

“Debe agregarse a esta evolución, como agravante, -señala Suárez Montoya- el que la política económica colombiana tenga al capital extranjero como variable principal del crecimiento”.

Continúan atentados y amenazas contra dirigentes sindicales

Dentro de este contexto de crisis social y el paquetazo legislativo neoliberal del gobierno de Santos, los líderes sindicales y los dirigentes políticos de sectores de izquierda como el Polo Democrático, vienen siendo víctimas de persecución y amenazas por parte de grupos paramilitares.

Según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), durante este gobierno se han proferido 991 amenazas por parte del grupo criminal Los rastrojos, las cuales están en conocimiento de las autoridades. Además no cesan las falsas acusaciones y la estigmatización de que los dirigentes sociales y sindicales están vinculados con la guerrilla.

En definitiva, en Colombia no hay garantías para ejercer el ejercicio sindical, el cual en amplios sectores de la sociedad y en empresas transnacionales es visto como subversivo y el gobierno nacional poco hace para garantizar el accionar de las organizaciones, sostienen dirigentes de la CUT. A esta realidad se agrega el hecho de que en este país se criminaliza la protesta a través de leyes como la ampliación del fuero militar, diseñados bajo los parámetros guerreristas de la “seguridad nacional”.

Por la paz, soberanía y derechos laborales

No obstante la difícil realidad socioeconómica y de orden público en Colombia para desarrollar actividades sindicales y de organización de los trabajadores, sus dirigentes no se amilanan y siguen en pie de lucha por lograr la paz, recuperar la soberanía nacional y reivindicar derechos laborales.

Por ello, en la actualidad la Central Unitaria de Trabajadores se encuentra en pleno proceso de recomposición de sus directivas para lo cual ha convocado a elecciones el día 7 de junio. En esta oportunidad se elegirán los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de esta organización, así como las subdirectivas y los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE).

Sectores de dirigentes sindicales del Polo Democrático vienen participando activamente en esta campaña electoral a través de sus respectivos candidatos a estas posiciones directivas.