El 7 de octubre de 2013, la presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón, radicó ante la Corte Constitucional una intervención ciudadana dentro del expediente D-9852 que acumuló las tres demandas contra el Pacto de Bogotá, en la cual exponía su posición jurídica según la cual “una sentencia de tribunal extranjero como la Corte Internacional de Justicia no podría modificar los límites fijados por tratados internacionales toda vez que desconocería  el ordenamiento constitucional de 1991 así como las costumbres y las normas de derecho constitucional ratificadas por nuestro país”.