El gobierno de Juan Manuel Santos hace oídos sordos al rechazo tajante de campesinos, latifundistas llaneros, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, en las audiencias públicas realizadas sobre el proyecto de ley de baldíos. Dicho proyecto incluye la denominación “trabajador agrario” y desconoce la condición de “Campesinos” contradiciendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional.