El representante del Polo Democrático Alternativo, Alirio Uribe Muñoz, uno de los convocantes de la audiencia pública sobre el balance de aplicación de la Ley de Mujer Rural (731 de 2002) que se desarrolló en el Congreso de la República, manifestó su preocupación por la falta de voluntad política y financiera de éste y anteriores gobiernos en la implementación de la misma.
 
“Las cifras hablan por sí solas. No sólo dedica un 30% del presupuesto del Ministerio en programas de Desarrollo Rural, cuando debería ser del 50% siendo equitativos, sino que cuando entramos a verificar lo de ese supuesto 30% nos encontramos con que el Gobierno no nos da cifras fiables. Según respuesta que nos hicieron llegar, el presupuesto para mujer rural en el 2005 tuvo una apropiación de $500.000, en 2006 de $200.000, en 2011 de $1.000.000 y en 2014 de $13.256.000.