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Entierro de pobre; un rico feliz

Por Felipe Zuleta Lleras  

Entierro de pobre tuvo hace pocos días el proyecto de ley de los congresistas Juan Mario Laserna y Jorge Enrique Robledo que pretendía atajar los monopolios en el sector de telecomunicaciones. Desde distintas orillas ideológicas, los dos ilustres senadores emprendieron una tarea

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Por Felipe Zuleta Lleras  

Entierro de pobre tuvo hace pocos días el proyecto de ley de los congresistas Juan Mario Laserna y Jorge Enrique Robledo que pretendía atajar los monopolios en el sector de telecomunicaciones. Desde distintas orillas ideológicas, los dos ilustres senadores emprendieron una tarea quijotesca que lamentablemente se estrelló contra gigantes molinos.

La iniciativa legislativa proponía que ninguna empresa de telefonía celular tuviera una participación mayor al 30% de los ingresos totales en los mercados de voz, datos, contenidos y aplicaciones. De esta forma se habrían logrado condiciones de competencia más propicias para el bienestar de los consumidores.

Pues ya no va a ser. Los colombianos, como república bananera, seguiremos sometidos al poder de Claro y a la mentira de que es primero en el mercado porque es el mejor. Lo que más sorprende es que ese entierro pase desapercibido y nadie proteste ni le exija al poder legislativo seriedad y responsabilidad para proteger los intereses de los consumidores. Así no se construye un país justo ni serio.

Es una gran paradoja; mientras que en México algo han logrado frenar el poder inconmensurable del ingeniero Slim, en Colombia los legisladores y los funcionarios son bien blandengues a la hora de hacer primar el interés general sobre el interés particular.

Este gobierno —como los anteriores— no fue capaz de evitar que los colombianos padezcan la tortura de ser usuarios de servicios como la telefonía celular e internet, prestados por operadores abusivos e ineficientes. Qué esperanzas para el ciudadano de a pie, cuando nada pasa, aunque se queje el mismo presidente de la República.

La natural protesta ciudadana, que en cualquier país civilizado es un recurso válido para enfrentar el abuso de las empresas, no sería posible en Colombia si llega a prosperar el denuncio penal que anunció Claro contra los que promueven que no se utilice su red durante un día. ¿Cuánto le costaría a un colombiano del común defenderse de la cuadrilla de abogados que tiene Claro a su disposición?

No todo está perdido. Ojalá un buen ciudadano, a través de tutela o de acción popular, lograra que un juez valiente decidiera si es viable la participación de Claro en la próxima subasta de 4G. Hay dos razones que podrían impedirlo, en bien de la competencia:

En primer lugar, según la Comisión de Regulación de Comunicaciones, esta empresa tendría el peor índice de calidad de servicio en varias ciudades y el ministro de las TIC, Diego Molano, ha dicho que esa sería una razón para excluir a un operador de la subasta.

En segundo lugar, la resolución que rige la subasta podría estar violando un decreto si se permite que se exceda la cantidad de frecuencias que puede utilizar un mismo operador. Si Claro llega a resultar ganador usaría 90 MHz, cuando el límite es de 85 MHz. No sería razón válida que esos 5 MHz de más sólo sean provisionales y Claro tendría que devolverlos desde ya para poder participar en la subasta.

El Espectador, Bogotá, 26 de mayo de 2013.

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