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Entrando en materia (II)

Por Alfredo Molano Bravo  

Leyendo lo que las Farc están poniendo sobre la mesa y creyendo que lo que proponen va en serio y no se trata de una pauta política electoral, hay que decir que ninguno de los puntos de la agenda agraria choca ni con la Constitución ni con tratados internacionales.

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Por Alfredo Molano Bravo  

Leyendo lo que las Farc están poniendo sobre la mesa y creyendo que lo que proponen va en serio y no se trata de una pauta política electoral, hay que decir que ninguno de los puntos de la agenda agraria choca ni con la Constitución ni con tratados internacionales.

Más aún, me parece que sus propuestas están muy cerca de las elaboradas por Naciones Unidas en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y en especial en El campesinado. Reconocimiento para construir país. El eje de estas coincidencias es el desarrollo de las reservas campesinas, que, como se sabe, fueron creadas por la Ley 160 de 1994, durante el gobierno de Samper. En su origen se habló de “resguardos campesinos”, o sea de territorios donde se excluyera la concentración de la tierra, e inclusive se sugería, como complemento, una forma colectiva de propiedad. Esta última idea fue suprimida dada la negativa experiencia histórica de esta modalidad de producción en el país. En cambio, el Gobierno incluyó las zonas de desarrollo empresarial. De hecho, ambas figuras implicaban territorios definidos, alinderados y homogéneos. El desarrollo de estos principios habría debido permitir la reglamentación del título XI: “De la organización territorial”. La figura de reservas campesinas recibió un apoyo inmediato del Banco Mundial y de Naciones Unidas, pese a que el generalato consideró que eran repúblicas independientes. Más aún, Uribe la persiguió y de hecho ilegalizó la del río Cimitarra. Santos le devolvió la personería jurídica. A los grandes ganaderos tampoco les gusta la figura porque impide, según ellos, la vigencia de la ley de la oferta y demanda de tierras. La realidad es que la tierra no es cualquier mercancía.

Lo nuevo de la propuesta de las Farc es la idea de que las reservas campesinas sean territorios exclusivos o regiones donde puedan funcionar como entidades político-administrativas, quizá como municipios. O, por lo menos, con una relativa autonomía, similar a la de reservas indígenas o consejos comunitarios negros de Ley 70. Ello implicaría que también se les reconociera el derecho a la consulta y al consentimiento libre previo e informado. La administración Santos afronta hoy notables dificultades en la aplicación del Convenio 169 de la OIT porque las grandes empresas tienden a desconocer los intereses de las comunidades y ponen al Gobierno entre la espada y la pared. Y más del lado de la espada. Una locomotora como la minera, con un maquinista débil —como el ministro de Minas— y custodiada por un tanque de guerra manejado por el señor Pinzón, terminará atropellando a las comunidades y manteniendo viva la guerra. Para impedirlo, el Gobierno debería contemplar en igualdad de condiciones, como es su obligación constitucional, tanto los intereses de las comunidades como los de los empresarios. Lo que es tan obvio como difícil de respetar. De ahí que sea trascendental para una paz estable que se reglamente territorialmente el uso y la tenencia de la tierra.

Hay esperanza en el acuerdo. Tanto el Gobierno como las Farc han declarado que no hay obstáculos insuperables. El verdadero problema está en la conformación progresiva y a veces clandestina de una trinca cada día más soberbia y explícita formada por el uribismo, la gran ganadería latifundista —dueña y señora de 40 millones de hectáreas— y el poder creciente de Los Urabeños —y, sin duda, de las manzanas podridas—. En el plano judicial cada parte es independiente, pero en sentido histórico convergen en el mismo punto de fuga. Ese es el verdadero reto de Santos, de las Farc y del país. El resto es carpintería y literatura.

El Espectador, Bogotá, 27 de enero de 2013.

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