Por Felipe Morales Mogollón / El Espectador  

La iniciativa que busca proteger las finanzas del Estado a través de la denominada regla fiscal afectaría la aplicación de los fallos de las altas cortes y sería el Ministerio de Hacienda el que defina la forma como se cumplirán las sentencias.

El costo económico de los derechos. Ese es el trasfondo del debate que se ha abierto por el trámite de la ley que reglamenta la reforma constitucional del marco fiscal, sobre el cual en su momento el presidente Juan Manuel Santos afirmó que “se ajusta al principio del Estado social y no puede entenderse como una limitación o un bloqueo a la protección de los derechos fundamentales mediante tutelas” y agregó que lo que pretendía era que el Estado contara con unas finanzas sanas y que no se comprometa por encima de sus posibilidades.