Es necesario superar secreto de Estado para deducir responsabilidades en fallo de La Haya sobre San Andrés: Clara López

La presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón rechazó la determinación del gobierno de Juan Manuel Santos de no permitir que se conozcan las actas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores sobre el tema del diferendo limítrofe entre Nicaragua y el archipiélago de San Andrés que terminó con una sentencia por parte del Tribunal de La Haya que es lesivo para la soberanía colombiana.

 “No se puede convertir el secreto de Estado en política de Estado”,

afirmó López Obregón durante un foro convocado por la Sociedad Económica de Amigos del País que preside el exministro Horacio Serpa Uribe.

Agregó la dirigente política que lo que ha sucedido con el fallo de La Haya es una alarma muy fuerte, al tiempo que reiteró que es necesario superar el secretismo en este sensible caso que toca directamente con la soberanía territorial para de este modo, lograr deducir responsabilidades y salir del atolladero en que fue metido el país por la mala defensa ante dicho tribunal internacional estructurada durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002).

López Obregón señaló además que el presidente Juan Manuel Santos “ha pretendido desactivar la indignación nacional mediante la calificación de las actuaciones de los tres gobiernos que participaron en el proceso de La Haya, (el de él y los de Uribe y Pastrana), con el inexacto título de política de Estado. Como en Fuentovejuna, ‘todos a una’ para que nadie responda”.
 
Dijo que para poder calificar la cadena de errores que culminaron con el fallo adverso de La Haya como “política de Estado”, debieron confluir en su apoyo y concreción, los actores que pueden configurar el Estado colombiano. “En una acepción, -sostuvo- serían las tres ramas del poder público. En este caso, sin embargo, no fue solicitada la autorización del Congreso para someter cuestiones limítrofes a juicio de terceros ni consultada la opinión del Consejo de Estado”.
 
Recabó que la defensa estuvo tan mal estructurada que el gobierno tampoco realizó la consulta previa exigida por la Constitución y el Convenio 169 de la OIT a las comunidades raizales del archipiélago de San Andrés que insistentemente han reclamado ser escuchadas como parte relevante de la nación colombiana. Igualmente se abstuvo de auscultar la opinión de los sectores de la oposición, “por lo que su criterio tampco hace parte de la mal llamada política de Estado”.
 
Afirmó la presidenta del Polo Democrático que en lugar de una política de Estado consensuado en el caso del litigio territorial con Nicaragua, “lo que se configuró fue una política secreta de Gobierno que desembocó en un vicio de consentimiento de la nación colombiana”. Ello es tan evidente, puntualizó, que se aceptó tácitamente acudir, sin autorización constitucional expresa, a una jurisdicción que contradice la reiterada tesis oficial de Colombia que desde 1910 contempla la imposibilidad de reconocer modificaciones limítrofes mediante sentencia judicial de tribunal extranjero”.