Estatuto especial para lograr formalización de pequeños y medianos mineros con asistencia del Estado, plateó Clara López en Medellín

Un estatuto especial para formalizar a los pequeños y medianos mineros que salvaguarde sus derechos adquiridos, así como la revisión de la entrega descontrolada de títulos para explotación de minas en Colombia, planteó la candidata presidencial del Polo Democrático, Clara López Obregón, durante la primera de las diez cumbres sociales y gremiales que esta colectividad realizará durante lo que resta de este año con el propósito de hacer una construcción ampliamente participativa del programa de gobierno alternativo.

En efecto, López Obregón presidió el pasado 26 de octubre en la ciudad de Medellín la Cumbre de mineros artesanales, pequeños y medianos empresarios durante la cual se debatió en forma amplia la realidad del sector, su problemática y las alternativas a la misma que se incorporarán en el programa de gobierno del Polo Democrático Alternativo.

La candidata presidencial estuvo acompañada en esta Cumbre con los voceros y representantes mineros de diversas regiones del país, por el senador Jorge Enrique Robledo y del exmagistrado Carlos Gaviria Díaz.

López Obregón en desarrollo de su intervención hizo énfasis en la necesidad de hacer una revisión minuciosa de la entrega masiva de títulos mineros como lo ha pedido la Contraloría General de la República por cuanto los mismos abarcan casi una tercera parte del territorio nacional si se suman los otorgados y los que están en estudio para adjudicar.

Explicó que con dicha revisión deben salvaguardarse los derechos adquiridos de los pequeños y medianos productores de minerales, quienes requieren un estatuto especial para lograr su formalización asistida por el Estado para que en las respectivas áreas de acción se concilie su derecho al trabajo con la protección ambiental.

Recordó que el cambio del modelo de explotación minera que se dio durante el gobierno de Andrés Pastrana con la expedición de la Ley 685 de 2012 (código del sector) que fue elaborada por una firma de abogados particulares y no por funcionarios del Ministerio del ramo,desprotegió de manera grave los derechos ancestrales de los pequeños y medianos productores tradicionales y favoreció abiertamente a las grandes compañías transnacionales con el otorgamiento de títulos. Con ello, dijo la dirigente del Polo, se generó un conflicto entre quienes por varias décadas explotaban los yacimientos y los recién arribados consorcios desplazando a comunidades indígenas y campesinas.

No se tuvo en cuenta, agregó la aspirante presidencial, que a partir de 1936 con la figura de la función social de la propiedad en la Constitución, que aún subsiste, la posesión de la tierra tiene prioridad sobre la inscrita en un título que ni siquiera es explotada.

Denunció también que los requisitos ambientales se están utilizando para golpear a los pequeños y medianos mineros y de esta manera sacarlos del negocio, en muchos casos rompiendo 300 años de tradición como algunas ladrilleras del Cauca para abrirle paso a las grandes empresas a las que el gobierno nada o muy poco les exige.

Es tal el favorecimiento del gobierno nacional a las transnacionales, denunció López Obregón, que se puede afirmar que Colombia ha pagado para que se lleven su carbón. Efectivamente, por exenciones, beneficios tributarios y devoluciones, el Estado colombiano les sale a deber a estas grandes empresas, precisó.

Por ello, dijo, ha solicitado a la Contraloría General una investigación por detrimento patrimonial, e hizo suyas las palabras de Ariel Quintero, minero del Chocó, en el sentido de reclamar “igualdad en la diferencia”. Es decir, progresividad en la tributación, acceso al crédito, asistencia técnica y capacitación en materia ambiental para promover la formalización de quienes lo requieran.

El Estado, añadió la presidenta del Polo, no puede criminalizar a todos por igual y en consecuencia debe distinguir y aplicar mano dura a la minería ilegal y extender la mano protectora a los pequeños y medianos productores, hoy injustamente tratados por el decreto 2235 que sin debido proceso  autoriza a la fuerza pública a destruir la maquinaria sin distinguir entre delincuentes e informales, lo cual atenta contra la propiedad privada y el derecho al trabajo, así como es inconcebible en un Estado de Derecho.

En la Cumbre minera del Polo Democrático en Medellín participaron delegaciones de diversos municipios antioqueños como Barne, Anorí, La Pintada, Vegachí, Amalfi, Amagá, Segovia, Frontino, de regiones como el Bajo Cauca y de departamentos como Magdalena, Santander, Boyacá, Chocó, Bolívar, Caldas y Quindío.

Igualmente, se destacó la participación de los directivos de Conalminercol como Ramiro Restrepo y Luz Stella Ramírez.

La intervención de Clara López en la Cumbre minera de Medellín en el siguiente video:

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