Muy irritados se han mostrado los grandes poderes que respaldan a Peñalosa por el fallo de primera instancia que anuló la venta de ETB. El desespero del peñalosismo llegó al absurdo de descalificar a quienes exigimos que el alcalde cumpla con el deber mínimo de cualquier gobernante: respetar la ley. Incluso se han atrevido a mentir con descaro al afirmar que el juez fue contratista de Petro, cuando en realidad tuvo un contrato con el gobierno de Peñalosa.