Flexibilización ambiental en Colombia y en Sudamérica

Por Eduardo Gudynas  

La reciente noticia de una posible reforma para obtener licencias ambientales “exprés” en Colombia ha desencadenado mucha preocupación. Es evidente que eso tendría un fuerte impacto en la calidad ambiental de los colombianos o en la preservación de su biodiversidad. Pero esa medida no es un caso aislado, sino que se repite en todos los países sudamericanos, por derecha y por izquierda, en Colombia o Brasil, Perú o Bolivia. Y en todos los casos las consecuencias también negativas.

Repasemos algunos de los ejemplos más emblemáticos en estos países.

La noticia sobre las licencias ambientales “exprés” fue adelantada por El Espectador en entrevista al ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, días atrás. Entre los dichos ministeriales se dice que la autoridad ambiental nacional (ANLA), pide información “más allá de lo razonable”, obliga a repetir las “líneas de base” o a “irse más allá de la consulta previa”. El mensaje está claro y apunta a acelerar el trámite de los permisos,  no “extenderse” en otras áreas o en no “complicarla”.
.
Esta misma cuestión, buscando acelerar los permisos ambientales, está en plena discusión en todos los países sudamericanos. Corresponde a lo que se viene llamando en ecología política como “flexibilización ambiental”.

Hasta donde he podido hurgar, el término comenzó a utilizarse en Brasil, ya en el primer mandato de Lula da Silva. A lo largo de sus dos presidencias se entendía que los controles ambientales entorpecían la inversión y promoción productiva, especialmente los llamados “planes de aceleramiento del crecimiento” (PAC). El uso del término “flexibilización” seguramente proviene de un proceso distinto, aunque emparentado: la flexibilización laboral – la reducción de las exigencias y controles a los empleadores.

El gobierno Lula consideraba que las evaluaciones de impacto ambiental eran muy largas, y se fastidiaba con las acciones de fiscales independientes que paralizaban obras en infracción, o con las demandas judiciales de la sociedad civil (un ejemplo de 2009 es comentado aquí…). Bajo ese contexto, desde hace años, tanto el gobierno Lula como el actual de Dilma Rousseff, buscan reducir el tiempo de evaluación ambiental, acotar mecanismos de salvaguarda, o transferir las licencias desde el ámbito federal al local. Por ahora, sus resultados han sido parciales.

En Bolivia, bajo el primer gobierno de Evo Morales se desmembró la autoridad ambiental ministerial. Eso desembocó que las evaluaciones ambientales estuvieran en un limbo institucional y jurídico por mucho tiempo, hasta que fueron retomadas en el nuevo ministerio de Medio Ambiente y Agua. Pero al poco tiempo, el proceso quedó envuelto en escándalo, por la insistencia presidencial en construir una carretera dentro de un Parque Nacional (muy conocido por su sigla, TIPNIS; una descripción del problema aquí…).Eso motivó la renuncia del viceministro encargado de esas cuestiones, y al avanzar el plan de la carretera, se desató una dura protesta indígena, que incluyó dos marchas nacionales que atravesaron el país para plantarse en la capital.

Esas actitudes tampoco son raras. En varios países sudamericanos, la presidencia o los ministerios poderosos operan contra la agencia ambiental hasta obtener los permisos que necesitan. Y si no lo logran, hacen que renuncien sus jerarcas hasta encontrar uno dispuesto a firmarle los papeles. Eso sucedió en forma casi escandalosa en Brasil, alrededor de las evaluaciones de impacto ambiental de la megarepresa de Belo Monte, sobre el Río Xingú, en plena amazonía. Una obra que a todas luces implicaba un enorme impacto ambiental, con pobres medidas de remediación, y que en su largo trámite le costó la renuncia a varios jerarcas del IBAMA, el instituto federal brasileño que otorga los permisos ambientales.

En algunos países, la flexibilización no pasa tanto por el tiempo del trámite, sino por convertir a las evaluaciones en un mero formalismo, donde casi nunca rechazan un emprendimiento. Así es que en Chile llamó mucho la atención que en siete años (2005 a 2012), de los 600 proyectos examinados por el Servicio de Evaluación Ambiental, sólo se rechazaron un 7% (39); en un 90% de los casos no se consultó a las comunidades locales.

Como en Perú existía una avalancha de críticas sobre la rigurosidad en las evaluaciones ambientales, el propio gobierno encargó un examen independiente a una agencia de Naciones Unidas. En el primer estudio de impacto ambiental que revisaron (que correspondía a una minera) terminó en 138 observaciones. El resultado de ese ejercicio fue fulminante: el gobierno peruano canceló el acuerdo con Naciones Unidas para seguir revisando licencias ambientales.

En Ecuador hay mucha preocupación ante un proceso similar, especialmente por los nuevos grandes proyectos mineros o la posible explotación de petróleo en la Amazonia.

El mismo camino flexibilizador quiere recorrer el presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, aunque en su caso no lo disimula, sino que lo dice claramente: quiere desmembrar la autoridad ambiental, degradarla a una agencia de menor relevancia, e imponerle tiempos límites, que en caso de no cumplir, determinaría liberar el proyecto bajo estudio (es un mecanismo similar al de la ANLA colombiana, que tiene un plazo de 180 días). Esas intenciones tienen mucho que ver con un megaproyecto de hierro a cielo abierto que el gobierno uruguayo está promoviendo (y en esto también se parece al caso colombiano).
 
Estos casos muestran varias tendencias que deben ser indicadas con toda claridad:

La primera es que el sueño de licencias ambientales rápidas y a la carta se repite en varios países. No es un problema propio de Colombia, sino que aparece en todas las naciones sudamericanas.

La segunda es que la presión sobre las evaluaciones de impacto ambiental surgen tanto desde la izquierda como la derecha. El nuevo progresismo sudamericano también quiere sus propias flexibilizaciones verdes. Claro, a veces los argumentos son distintos. En unos se quiere coquetear con las grandes empresas, mientras que otros entienden que el Estado debe activamente atraer inversores.

La tercera es que en casi todos los países, si bien existen normas sobre evaluaciones ambientales (por cierto muy buenas en varios casos), su aplicación práctica adolece de muchos problemas. Este flanco es aprovechado por algunos gobiernos, los que en lugar de rebajar la normativa, hacen que las agencias ambientales no tengan recursos financieros suficientes, le recortan la plantilla de técnicos, o la aíslan políticamente.

De esta manera, la flexibilización ambiental no parece ser una cuestión antojadiza, sino que comienza a organizarse como una preocupante tendencia en las políticas ambientales sudamericanas.