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Fuerzas populares y gobierno uruguayo hacen frente a embate de la derecha opositora

Agencias  

El presidente José Mujica prepara su cuarto año de mandato con llamados a la unidad del gobernante Frente Amplio (FA) ante una oposición de derecha envalentonada por controvertidas decisiones de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Las tensiones entre Gobierno y oposición vienen subiendo de tono, a la vez que afloraron algunas discrepancias Al interior de casi todas las fuerzas en juego, lo cual es muchas veces magnificado y hasta tergiversado

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Agencias  

El presidente José Mujica prepara su cuarto año de mandato con llamados a la unidad del gobernante Frente Amplio (FA) ante una oposición de derecha envalentonada por controvertidas decisiones de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Las tensiones entre Gobierno y oposición vienen subiendo de tono, a la vez que afloraron algunas discrepancias Al interior de casi todas las fuerzas en juego, lo cual es muchas veces magnificado y hasta tergiversado

por la gran prensa del país.

Y, aunque nadie lo dice, las aún distantes elecciones generales, programadas para el 26 de octubre del 2014, parecen planear sobre las acciones y declaraciones y todo indica que la confrontación electoral se adelantó en el tiempo.

Al tomarle el pulso a la situación nacional, Mujica convocó a un consejo extraordinario de ministros que duró tres horas sin poder concluir aún todos los puntos de la agenda.

En esa ocasión, el mandatario de 77 años de edad exhortó a los ministros a evitar ventilar sus discrepancias a través de los medios y los llamó a “volver a funcionar como un equipo”, lo que provocó la inmediata adhesión de los diversos sectores del FA.

Las fuerzas de oposición, en un lejano segundo lugar según todas las encuestas, intentaron aprovechar esa brecha para agudizar los problemas que el gobierno acaba de reconocer y se levantaron tras las últimas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia.

En pocos días, la SCJ apartó a una jueza que investigaba unos 50 casos de violación de los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), eliminó una ley que procesaba a los represores y criminales de lesa humanidad y frenó otra que pretendía aplicar un impuesto a los grandes terratenientes del país.

El FA, respetuoso de la soberanía del Poder Judicial, no obstante criticó las medidas de la SCJ y promovió una invitación a que sus miembros concurrieran al Parlamento a explicar sus motivaciones, la cual fue rechazada. La oposición aprovechó para criticar al gobierno por pretender “presionar” al Poder Judicial.

Simultáneamente, en una manifestación poco común en los últimos tiempos, cientos de uruguayos protestaron frente a la sede de la SCJ por el traslado de la jueza Mariana Mota y por la paralización de los procesos contra represores.

El escritor Eduardo Galeano y el músico Daniel Viglietti, entre otras personalidades, parlamentarios, dirigentes sindicales, políticos y de las organizaciones humanitarias criticaron a la SCJ y muchos de ellos denunciaron que se abrían las puertas a la impunidad.

El Partido Comunista sostuvo que la SCJ “tiene que hacerse responsable de colocar al Uruguay como un Estado violador de los Derechos Humanos”.

El FA anunció que recorrerá “todos los caminos legales” contra la SCJ y la senadora Lucía Topolansky, esposa del presidente Mujica, tampoco descartó la posibilidad de un juicio político contra esa institución.

Prácticamente todas las fuerzas populares han propuesta un amplio abanico de medidas para enfrentar lo que describieron como “una ofensiva reaccionaria para defender los intereses de los grandes terratenientes y la impunidad de los violadores de los derechos humanos”.

Prescripción de delitos de la dictadura

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay declarando como inconstitucional parte de la Ley de Caducidad, que impedía hasta ahora la prescripción de delitos cometidos durante la dictadura, ha generado un sinnúmnero de reacciones en contra.

Alrededor de 200 uruguayos fueron secuestrados y asesinados por el gobierno militar que dirigió el país entre 1973 y 1985. El parlamento aprobó la norma en 2011 para que pudieran iniciarse los juicios contra los militares y personas que participaron en los crímenes, dejando sin efecto la ley de amnistía de 1986 que protegía a todos los implicados.

Traslado de jueza sacude al mundo de los derechos humanos

Por este tribunal decidió poner fin a  la carrera de la abogada Mairana Mota que se desempeñó durante siete años como jueza en el área penal y fue trasladada al área civil. Un salto brusco de área de competencia.

Pero el cambio propiamente, pese a lo inusual entre jueces, probablemente no hubiese generado mucha repercusión de no tratarse de la principal jueza que investigaba los crímenes de lesa humanidad del último gobierno militar que tuvo el país (1973-1985).

“La corte tiene la potestad discrecional de trasladar a jueces, pero en mi caso no estuvo fundamentada (explicada por escrito), no se dijo el por qué”, señaló Mota en declaraciones a la prensa.

“Es una situación anómala. Pero no tengo explicación, porque no la dieron (la Corte). Lo que está claro es que yo no pedí salir de penal, ni tampoco hubo una sanción en mi contra (que justificase la medida)”, agregó.

Grupos de defensores de los derechos humanos en Uruguay y Argentina han protestado fuertemente el cambio, ya que consideran que la salida de Mota generará demoras importantes en la investigación de uno de los capítulos más oscuros de la historia del país.

 

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