Gobierno de Santos arremete en contra de la oposición de izquierda democrática

Por José Arlex Arias Arias  

El formato es el mismo utilizado por Estados Unidos, no solo contra sus enemigos sino además contra sus aliados: la interceptación ilegal de las conversaciones, de la cual el presidente Santos es un experto, puesto que siendo Ministro de Defensa del gobierno de Uribe se dieron las ya famosas

“chuzadas” a magistrados, periodistas, funcionarios y en general a quienes no comulgaran con su ideología.

La revelación del Ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, de una  grabación de la conversación del senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Robledo –considerado el mejor de la legislatura actual por el 37% de los líderes de opinión–, no es otra cosa que un Plan Estratégico del gobierno Santos para tratar de estigmatizar a la oposición de izquierda democrática y hacerla ver como aliada de métodos violentos, los cuales siempre han sido rechazados en la práctica por sus dirigentes. Este hecho está antecedido de los señalamientos del presidente Santos, a través del exministro de Gobierno Fernando Carrillo, contra Robledo, a quien vinculó con las grandes movilizaciones realizadas durante los pasados meses de agosto y septiembre. El hecho nos permite desentrañar ante qué tipo de gobierno nos encontramos.

La actitud del gobierno Santos violenta los derechos fundamentales a: la Intimidad, mediante el cual todas las comunicaciones son inviolables, de ello depende el desarrollo de la libre personalidad, el buen nombre y la libertad de conciencia, y con ellos, la adopción de decisiones libres de coerción a su voluntad. Se viola el derecho a la Libertad de Expresión, que garantiza manifestar las opiniones frente a infinidad de temas, incluido el gobierno, sin que por ello se les pueda criminalizar, “macartizar” y mucho menos interceptar para descontextualizarlas. Agregado a la violación al derecho fundamental de la Libre Asociación, puesto que la grabación revelada contiene la conversación de Robledo con dirigentes sindicales. Estos son derechos inalienables para toda sociedad que se preste de democrática.

El caso Robledo y el Polo Democrático refleja la intolerancia del gobierno y de algunos sectores que ven peligrar sus intereses ante los debates realizados por la bancada de este partido. Son memorables los casos destapados sobre corrupción en: salud, educación y Zonas Francas, los leoninos Acuerdos de Inversiones y Tratados de Libre Comercio, el contrato de Cerro Matoso S.A, los “falsos positivos”, la parapolítica, el robo de elecciones, la pérdida de mar territorial, la entrega de recursos naturales y ahora el desalojo de nuestros pequeños productores de los baldíos otorgados por la Nación, que mediante maniobras fraudulentas han sido acumulados por multinacionales locales y extranjeras y los grandes “cacaos” de este país. Entonces la estrategia es deslegitimar al denunciante, criminalizar sus actos, como si invitar a organizar la protesta social fuera un delito y no un derecho social reconocido en la Constitución Política Nacional, y utilizar a los medios de comunicación amigos para “moler” a la oposición de izquierda democrática para evitar el ascenso que muestran las encuestas. “No sorprende, les duele demasiado que les estorbemos la Ley Urrutia y demás joyas. Que los colombianos cuenten con que los polistas no nos vamos a amilanar. Seguiremos cumpliendo con todos nuestros deberes”, dijo el congresista del Polo. ¡Sí, en Colombia existe una democracia pero de papel!

Cartagena, 25 de noviembre de 2013.