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Gobierno de Santos hace declaratoria de arrasamiento a pequeños y medianos mineros, denuncia el Polo Democrático

Los recientes anuncios de Juan Manuel Santos y sus ministros, dando la orden a la Fuerza Pública para intensificar los operativos contra la minería ilegal, son una declaratoria de guerra a los pequeños mineros nacionales.

Santos invoca el cumplimiento del Decreto 2235 de 2012, que sin ningún trámite legislativo y sin pasar la revisión de la Corte Constitucional, le otorgó a las Fuerzas Armadas de manera arbitraria la facultad para “destruir, demoler, inutilizar y neutralizar los bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minería ilegal”.

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Los recientes anuncios de Juan Manuel Santos y sus ministros, dando la orden a la Fuerza Pública para intensificar los operativos contra la minería ilegal, son una declaratoria de guerra a los pequeños mineros nacionales.

Santos invoca el cumplimiento del Decreto 2235 de 2012, que sin ningún trámite legislativo y sin pasar la revisión de la Corte Constitucional, le otorgó a las Fuerzas Armadas de manera arbitraria la facultad para “destruir, demoler, inutilizar y neutralizar los bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minería ilegal”.

Ese mismo decreto define que minería ilegal es la actividad minera que se realiza “sin contar con las autorizaciones y exigencias establecidas en las normas nacionales”, es decir: título minero y licencia ambiental. Dicho decreto no tiene una palabra que indique que su accionar es exclusivamente contra grupos armados ilegales o personas que delinquen. Esto significa que miles de mineros informales, colombianos honestos y trabajadores que no tienen título porque el gobierno se ha negado a otorgárselos, también serán perseguidos y judicializados, como en efecto está ocurriendo ya en el Nordeste antioqueño y Risaralda, donde se ha destruido maquinaria y encarcelado a ciudadanos que recurren a la actividad minera como alternativa económica ante la quiebra del agro y la industria nacionales.

Es supremamente preocupante que el gobierno decida resolver por la fuerza un problema que afectará a millones de colombianos que tienen en la pequeña minería su única forma de sustento, en una economía con la tasa de desempleo más alta de América Latina. Si el gobierno destruye maquinaria y encarcela con el único argumento de no tener un título minero, allí van a caer miles de colombianos inocentes, porque en este país los únicos que tienen título mineros y no se les controla los impactos medioambientales y sociales son las multinacionales.

El Polo Democrático Alternativo hace un llamado a las organizaciones internacionales de derechos humanos para que estén vigilantes sobre las violaciones al debido proceso y el uso desmedido de la fuerza y la violencia contra los mineros desde la aprobación de este decreto de corte autoritario.

Polo Democrático Alternativo

Clara López Obregón
Presidenta

Gustavo Triana Suárez
Secretario General

Bogotá.

 

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