Los recientes anuncios de Juan Manuel Santos y sus ministros, dando la orden a la Fuerza Pública para intensificar los operativos contra la minería ilegal, son una declaratoria de guerra a los pequeños mineros nacionales.

Santos invoca el cumplimiento del Decreto 2235 de 2012, que sin ningún trámite legislativo y sin pasar la revisión de la Corte Constitucional, le otorgó a las Fuerzas Armadas de manera arbitraria la facultad para “destruir, demoler, inutilizar y neutralizar los bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minería ilegal”.