El gobierno de Juan Manuel Santos tramita una iniciativa para acabar con la gestión comunitaria del agua, cerca de 12 mil prestadores que hoy son garantes de ese derecho y que forman tejido social, están siendo amenazados por las concesiones del valioso líquido a las mineras y para otros fines. De esta manera, lo que está haciendo el gobierno no es otra cosa que predisponiendo al país para entregar el recurso al mercado y no a la garantía de un derecho, manifestó el representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, Víctor Correa Vélez.