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Gobierno está violando Constitución al perseguir como criminales a pequeños y medianos mineros, manifiesta Robledo a Santos

En carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, el senador por el Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo rechaza en forma categórica la puesta en marcha de una norma andina por iniciativa del gobierno colombiano que agravará la situación de pequeños y medianos mineros.

Robledo señala que tal disposición agravará el problema de este sector en Colombia en vez de resolverlo. Todo, explica, en exclusivo beneficio de las trasnacionales de la gran minería.

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En carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, el senador por el Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo rechaza en forma categórica la puesta en marcha de una norma andina por iniciativa del gobierno colombiano que agravará la situación de pequeños y medianos mineros.

Robledo señala que tal disposición agravará el problema de este sector en Colombia en vez de resolverlo. Todo, explica, en exclusivo beneficio de las trasnacionales de la gran minería.

El texto de la misiva al primer mandatario es el siguiente:

La Comunidad Andina de Naciones, por iniciativa del gobierno colombiano, está a punto de expedir una decisión que le da facultades al ejecutivo “para decomisar e incautar, inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y neutralizar los bienes, maquinaria, equipos e insumos” de los mineros que sean considerados ilegales. Además, el editorial del diario El Tiempo del pasado 15 de septiembre da a entender que la intención del gobierno es que estas facultades no sean discutidas ni aprobadas en el Congreso de la República.

Una vez más debo manifestarle mi desacuerdo con estas medidas, que lesionan a centenares de miles de colombianos honestos que viven de la pequeña y mediana minería. Como lo reconoció el exministro Mauricio Cárdenas, la política oficial es la de tratar como criminales a los mineros artesanales y a los pequeños y medianos empresarios de la minería. Porque para el gobierno los mineros ilegales, a quienes se les podrá destruir su maquinaria, son todos quienes no cuenten con un título minero o una licencia ambiental. Y la mayoría de mineros no cuentan con estos permisos, pues las normas están diseñadas para que no cumplan con los requisitos exigidos, lo que les impide formalizarse.

Es una completa desproporción tratar a los mineros informales como delincuentes y narcotraficantes. Igualar la maquinaria de estos colombianos con un laboratorio de cocaína es un absurdo que viola derechos democráticos tan elementales como la presunción de inocencia y el debido proceso. El gobierno tiene el deber de individualizar las personas que tengan nexos con organizaciones al margen de la ley y no puede acusar y sancionar de manera general a todos los mineros del país.

La pequeña y mediana minería es la minería de los colombianos, la de miles de artesanos y empresarios nacionales que en muchos casos se han dedicado a esta actividad porque el libre comercio ha destruido el agro y la industria. Las medidas que el gobierno pretende implementar están diseñadas para favorecer a las multinacionales que ven en los mineros nacionales un obstáculo para consolidar su monopolio. Multinacionales que, bajo la apariencia de la legalidad de los permisos y licencias con los que cuentan, se han destacado por violar la ley, al evadir el pago de impuestos y de regalías, dañar el medio ambiente y maltratar a las comunidades y a sus trabajadores. Este es el tipo de favorecimientos que demuestran que en Colombia es mejor ser un empresario extranjero que nacional.

Es inaudito que el gobierno intente evadir el debate democrático y pretenda asignarse facultades como la de destruir las máquinas de los mineros sin ninguna discusión en el Congreso de la República. Como Usted lo sabe, señor Presidente, la Constitución señala que la regulación de la mayoría de los temas está reservada al legislativo, norma básica de cualquier democracia. El ejecutivo no puede excusarse en la normatividad andina para excluir al Congreso de un debate de estas dimensiones, en el que están en juego asuntos penales y sanciones contra la propiedad de los empresarios colombianos. Por lo tanto, su deber es presentar un proyecto de ley que le permita al gobierno asumir este tipo de facultades.

Por lo anterior, le solicito, en primer lugar, abstenerse de dar su consentimiento para que esta política sea aprobada en la Comunidad Andina de Naciones. Y, segundo, en caso de que la CAN apruebe estas medidas, su deber es tramitarlas en el Congreso, con el fin de que se adelante un debate serio y democrático.

 

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