Golpe bajo a la Democracia

Por Octavio Quintero  

El fallo de tutela que la Corte Constitucional acaba de proferir en el caso de la exsenadora, Piedad Córdoba, no es “cualquier lagaña de mico”, como dice el docto vulgo… Es, para entrar en guardia sobre la abierta competencia que se le reconoce al Procurador para sancionar disciplinariamente

a todos los funcionarios públicos “incluyendo los de elección popular”.

Es decir, de ahora en adelante, el Procurador, sea quien sea –más grave si es el que es- ha devenido en juez judicial con derecho a investigar (que lo tenía) y sancionar (que no tenía) a los congresistas por un simple acto administrativo, sin apelación alguna.
La Corte Constitucional ha dado patente de corso a una autoridad administrativa para incursionar como última y suprema instancia en decisiones judiciales que deben ser abocadas por órganos colegiados absolutamente independientes de conexiones políticas, como es el evidente caso del Procurador, elegido por una mayoría simple del Senado.

No se trata de un caso en particular llamado hoy Piedad Córdoba… Se trata de un caso general, llamado Democracia (con mayúscula).

El argumento principal de la Corte se base en una simple interpretación literal del artículo 277, punto 6, de la Constitución que confiere al Procurador,  entre otras, la función de ejercer vigilancia, adelantar las investigaciones e imponer las respectivas sanciones “conforme a la ley”, a todas las personas que desempeñen funciones públicas, “inclusive las de elección popular”.

Conforme a la Ley (se subraya), el Procurador debió haber enviado el caso de Piedad, con todas las argumentaciones y sugerencias que hubiera querido, para que lo fallara el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, según el caso.

La infortunada decisión de la Corte disminuye el grado de protección que debe rodear la liberad de expresión de todos los congresistas, en especial los que ejercen oposición al régimen, del cual hace parte el Procurador, al ser elegido por una mayoría simple que sustenta desde el Poder Legislativo a los gobiernos de turno.

Con base en la débil jurisprudencia que se esgrime en el fallo de la Corte, un Procurador podría, inclusive, destituir a un Presidente de la República, pues, se le acaba de conferir poder sin ninguna restricción para ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones a quienes desempeñen funciones públicas, “inclusive las de elección popular”. Y esa aclaración que se da en el mencionado punto 6 del artículo 277 de la Constitución donde anota “conforme a la ley”, ha sido ignorado en el fallo porque, si se hubiera tenido en cuenta, el fallo administrativo del Procurador con respecto a la sanción y destitución que hace de la senadora, Piedad Córdoba, debió haberse remitido para su confirmación judicial a alguna de las altas cortes encargadas de juzgar a los congresistas, según la ley.

En algún instante más propicio, el país tendrá que enfrentar nuevamente una reforma a la justicia, y es de esperar, por el bien de la democracia, que se le quite al Procurador la omnímoda competencia que ahora se le reconoce sobre los congresistas, cuyo exceso de poder ha quedado manifiesto en la evidente persecución política emprendida contra la exsenadora Piedad Córdoba.

El golpe no solo ha sido contra la negra Piedad, de oposición; la más minoritaria de Colombia por su extirpe política, étnica y hasta de género, sino contra la Democracia, proveniente, precisamente, de la misma alta corte creada por la Constitución del ’91 para defensa y preservación del Estado Social de Derecho.

Fin de folio: Si la Corte de la Haya nos devolvió a la realidad de un Estado que no llega soberanamente hasta sus límites, que la Interamericana nos  devuelva en compensación el derecho a opinar libremente sin sufrir por ello persecución y saña.