¿Colombia en la mira de la CPI?

Por María Isabel García / Radio Nederland  

Nerviosismo en algunos sectores políticos, diplomática complacencia del Gobierno, y severos señalamientos de organizaciones de juristas sobre la inercia de la Corte Penal Internacional (CPI) frente al caso colombiano, se expresan en vísperas de la llegada a Bogotá del presidente del tribunal, el surcoreano Sang-Huyn Song.

Las interpretaciones sobre el significado de la gira de dos días que se inicia el miércoles 6 de junio, van desde la presunción de que el dossier de Colombia, cada vez más abultado, se traduzca en requerimientos formales, hasta descartar cualquier intervención dado el involucramiento de Estados Unidos, mediante el Plan Colombia, en algunos de los crímenes documentados por ONG de derechos humanos, y el poder de veto que tiene a través del Consejo de Seguridad.

De “muy importante y positiva” para que registre “los avances que ha hecho Colombia en la justicia y la verdad”, calificó la canciller María Ángela Holguín, la gira del presidente de la CPI, cuya agenda incluye entrevistas con la fiscal general, Vivian Morales, el procurador general, Alejandro Ordoñez, magistrados de las Altas Cortes, y representantes de Naciones Unidas.

La visita de Sang-Huyn Song responde a una invitación que le hizo el presidente Juan Manuel Santos con ocasión de su intervención ante la novena asamblea de Naciones Unidas, en Nueva York, en diciembre pasado. Entonces el mandatario recordó que desde noviembre de 2009 la Corte tiene plena competencia para investigar crímenes de guerra cometidos en Colombia.

CPI inoperante

Lejos de la diplomacia, Federico Andreu-Guzmán, subdirector de litigios de la Comisión Colombiana de Juristas, cuestiona la gestión del tribunal internacional.

“Gravísimos crímenes de lesa humanidad, y un nivel inaceptable de impunidad, intolerable bajo el derecho internacional” serían razón suficiente para que la CPI interviniera en este país (…) técnicamente, procesalmente, judicialmente la Corte podría conocer de casos colombianos”, afirma. Andreu-Guzmán dijo a Radio Nederland que la pasividad del tribunal con sede en La Haya, Holanda, se debe a que el Fiscal Luis Moreno Ocampo “hasta ahora ha estado bastante inactivo en materia de investigación procesal, aunque prolífico en declaraciones a favor de que en Colombia no pasa nada, que la justicia está actuando, lo cual no es cierto en cuanto a sistemas como el de Justicia y Paz que permiten impunidad.”

Empero, el jurista estima que las condiciones para abrir procesos formales a altos funcionarios colombianos, presuntos autores de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, podrían cambiar ante la próxima finalización del periodo de Moreno Ocampo, y la presión de muchos Estados africanos que piden al jurista argentino mirar hacia otros continentes. “Es obvio que Colombia reúne las características de país no africano con gravísimos crímenes de lesa humanidad”, afirma en superlativo, quien fue secretario general adjunto para asuntos legales de la Comisión Internacional de Juristas, con sede en Ginebra, y ha sido perito en el caso del ex presidente peruano Alberto Fujimori.

A juicio de Andreu-Guzmán, la invitación al presidente de la CPI responde a una necesidad del Gobierno “de tratar de prevenir o de impedir que a mediano o largo plazo un caso contra altos funcionarios del gobierno colombiano por crímenes de guerra, de lesa humanidad, sea llevado a la CPI”, pues, dice, se muestran como supuestos avances acciones de la jurisdicción de Justicia y Paz, “que en realidad no es un verdadero sistema de justicia, sino un dispositivo ideado fundamentalmente para crear impunidad, como indica el que en más de cinco años de existencia sólo haya una sentencia en firme”.

Se refiere a la condena de ocho años de prisión para los jefes paramilitares alias Diego Vecino y Juancho Dique, por la masacre de Mampuján (marzo 10 y 11 de 2000), en la zona de Montes de María, región Caribe, que dejó 11 muertos y 300 familias vejadas y desterradas.

La jurisdicción de Justicia y Paz, marco de la negociación entre el Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe (2002/2010) con los paramilitares Autodefensas de las que se desmovilizaron unos 30.000 armados, según datos oficiales, establece una pena máxima de ocho años de prisión para quienes se acojan y confiesen.

Datos espeluznantes

A continuación la entrevista a Federico Andreu-Guzmán, subdirector de litigios de la Comisión Colombiana de Juristas:

Radio Nederland: ¿No cree que la CPI esté ejerciendo una vigilancia muy de cerca al caso colombiano y que, como se percibe en algunos medios, la Corte sea el ‘coco’ de la justicia local?

Federico Andreu-Guzmán: Debería serlo y ojalá que lo esté haciendo. Tenemos muchas dudas en tanto que la primera instancia es la Fiscalía de la CPI, ejercida por el Sr Moreno Ocampo, quien ha visitado el país en algunas oportunidades y ha hecho varias declaraciones y todas dan a entender que para él aquí todo funciona bien; que es cierto que se han cometido crímenes pero que la justicia está trabajando, lo cual dista mucho de la realidad. Él siempre se ha mostrado bastante reticente a abrir investigaciones. Es importante tener en cuenta que por muchísimos años, desde que el Estatuto de la CPI entró en vigor para Colombia, numerosísimas ONG como la Comisión Colombina de Juristas, el Colectivo José Alvear Restrepo, la Federación Internacional de Derechos Humanos y otras han presentado información documentada sobre crímenes de guerra, de lesa humanidad, por funcionarios del Estado, en particular por miembros de la Fuerza Pública, por grupos paramilitares. Con pruebas se ha mostrado como estos casos han quedado en la impunidad o están siendo tratados con una ineficiencia tal que no se va a esclarecer la verdad de esos crímenes ni hallar a sus verdaderos responsables. Y a pesar de eso la fiscalía de la CPI no ha tomado una actitud proactiva sobre este tema, lo que nos preocupa muchísimo.

RN: Hace usted afirmaciones muy graves y severas. Usted ha seguido de cerca casos y situaciones de gran envergadura, por citar uno solo: Ruanda. Comparada la situación colombiana con otras crisis internacionales, ¿cuál es la dimensión?

FA: Ruanda llegó a ser uno de los casos más horribles de la historia mundial: en menos de un mes se cometió un genocidio que aniquiló el 20% de la población. Creo que esto ningún país lo ha vivido en las últimas décadas, y, en ese sentido, es difícil equiparar Colombia con Ruanda. Pero si uno compara la tragedia colombiana con el resto de Latinoamérica en los últimos 40 ó 50 años, tomando como punto de referencia las dictaduras que se instauraron el Cono Sur y Centroamérica, Colombia, con creces, las supera. Un simple dato: en Chile, la Comisión Nacional de la Verdad, las asociaciones de familiares y tribunales de Justicia han establecido que los desaparecidos durante la dictadura de (Augusto) Pinochet llegaron a 1.198, mientras aquí hablamos de más de 30.000 desaparecidos; en Chile hay consenso entre el Estado, el poder Judicial, las organizaciones de derechos humanos de alrededor de 2.500 a 3.000 ejecutados durante la dictadura, mientras aquí esa cifra es la que se produce anualmente; aquí hablamos tal vez de entre 100 mil y 300 mil muertos en las últimas tres décadas. El único país que registra cifras similares pero nunca llega a esa dimensión, es Guatemala, un país más pequeño. Más de 4 millones de personas, cuya inmensa mayoría es víctima del desplazamiento ilegal, que es un crimen de guerra. Las cifras de este país son espeluznantes.

RN: Frente a esta realidad es manifiesta una gran impunidad, que ameritaría la intervención de la CPI. ¿Por qué es usted reticente?

FA: Reticente a que intervenga la CPI, no. Las ONG de Derechos Humanos somos las que hemos pedido primero que existiera una CPI, se trabajó a favor de un estatuto y se pide ahora que ejerza su jurisdicción.

RN: Más que reticente, escéptico.

FA: Sí en el corto plazo, por varias razones: porque en la tragedia colombiana no solamente están implicados los actores que han cometido estos crímenes que van desde la Fuerzas Militares, cuerpos de seguridad el Estado, grupos paramilitares, grupos de guerrilla, etc, sino también potencias extranjeras. Estados Unidos ha estado en esta tragedia y tiene responsabilidades. El Plan Colombia ha contribuido a que hayan ocurrido muchos de esos crímenes, en casos concretos existen indicios que la Justicia colombiana jamás desarrolló por razones que hay que preguntarles a los fiscales e investigadores. Existían pruebas de que en algunos crímenes oficiales del Ejército norteamericano acantonados en bases militares o en centros de formación de Estados Unidos, tuvieron conocimiento, preparación, y vinculación.

RN: ¿Casos como cuáles?

FA: El caso Mapiripan, Meta (13 al 20 de julio de 1997 incursión por aire, tierra y río y sometimiento de la población mediante tortura, descuartizamiento y degüello de unas 50 personas) donde paramilitares y miembros del Ejército que participaron con la Base Barrancones donde estaban presentes estadounidenses; el caso del que hay más pruebas es el bombardeo por parte de la Fuerza Aérea Colombiana a la población de Santo Domingo, en Arauca ( 12 de diciembre de 1998, 17 muertos, entre ellos seis niños de 4 a 14 años, y 21 heridos de gravedad), una masacre impresionante de la población civil, hecha con la base de información proporcionada por servicios de inteligencia estadounidenses , por tanto hay una implicación de responsabilidad penal. Es obvio que un proceso penal internacional sobre estos casos tendría que hacer luz sobre esos relacionamientos, y de ahí se desprenderían eventuales responsabilidades penales de ciudadanos norteamericanos, unos ligados al Ejército, otros ligados a las compañías de mercenarios que han sido desplegados en este país. Estados Unidos siempre ha tenido una coherencia en su política de Estado en el sentido de que ningún otro Estado y menos una CPI tiene jurisdicción para juzgar a sus ciudadanos, por eso no hacen parte del Estatuto de Roma y han presionado a otros Estados a firmar reservas para que sus ciudadanos no sean sometidos a la CPI cuando cometan crímenes contra personas extranjeras o en territorio de un país que sea parte del Estatuto de Roma. Creemos que Estados Unidos utilizaría la facultad de que el Consejo de Seguridad ordene al Fiscal y a la Corte inhibirse de conocer casos o suspender investigaciones. Es obvio que movería todo su poder como lo ha hecho en otras circunstancias.

RN: Si bien usted señala un eventual blindaje por el poder de veto que tienen los Estados Unidos, hay cierto nerviosismo en algunos círculos políticos colombianos de que la Corte pudiera intervenir a propósito de escándalos tan sonados como el del DAS (policía de inteligencia) o las protuberantes denuncias y casos de parapolíticos ¿Habría un margen para eso?

FA: Sí, yo creo también que hay un inmenso temor por parte de muchos sectores de la sociedad colombiana de una posible intervención de la Corte y técnicamente, procesalmente, judicialmente la Corte podría conocer de casos colombianos. Primero porque las investigaciones de graves crímenes han fallado, Justicia y Paz muestra la falla del sistema judicial: más de cinco años y una sola condena en firme, por un supuesto mecanismo procesal que no debería demorar más de seis meses por cada proceso. Uno puede tener grandes interrogantes. Hay una situación clave que se ha revelado en todas estas investigaciones de fiscales muy valientes que han avanzado en el caso del DAS, que es la existencia de un plan concebido a los más altos niveles de la cúpula del Estado – como dicen los fiscales, ‘de la Casa Presidencial’- que es el Presidente de la República de entonces. Gente de su entorno está ya procesada, hay varios detenidos, ha habido condenas contra altos funcionarios y allegados personales al ex presidente (Álvaro) Uribe por crímenes que no son simples intervenciones telefónicas sino asesinatos como el caso del profesor Alfredo Correa de Andreis (14 de septiembre de 2004), asesinado junto con su escolta Edelberto Ochoa, por orden del paramilitar alias Jorge 40, a quien el DAS suministró informes de inteligencia para que asesinaran a sindicalistas o personas supuestos simpatizantes de la guerrilla. Esto se demuestra en los planes llamados ‘Transmilenio’ ‘Happy Hour’ ‘Amazonas’, nueve o diez planes que se ha podido establecer judicialmente tenían como objetivo neutralizar y eliminar lo que la cúpula del poder Ejecutivo de Colombia consideraba enemigos del Estado: magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos , miembros de partidos políticos, líderes sindicales, etc. Esto corresponde exactamente a un crimen muy definido en el derecho internacional desde hace varias décadas, que es el crimen de persecución política. Es obvio que aquí habría procesos eventuales que podrían ser conocidos por la CPI. Es muy posible que la Corte tenga preocupaciones y es muy posible que la CPI en sí misma esté mirando la situación de Colombia con un ojo distinto del que lo ve el Gobierno colombiano con esta invitación. Coincidencia

El Estatuto de Roma empezó a regir en Colombia el 1 de noviembre de 2002, para los crímenes de lesa humanidad, genocidio y de agresión, pero el país se acogió a una disposición de transición que concedía un periodo de siete años para entrar en vigor, lo que en su momento se interpretó como un margen para avanzar en acuerdos de paz con alzados en armas.

Sang-Huyn Song llega a Colombia al cumplirse tres años de la extradición a Estados Unidos de 14 jefes paramilitares que negociaron con el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe (2002/10) su entrega y la desmovilización de unos 30 mil armados a cambio de confesión y sentencias de no más de ocho años de prisión, establecidas por la Ley de Justicia y Paz, propósito desvirtuado pues la justicia estadounidense los juzga por narcotráfico y no por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.

Las audiencias rendidas por los capos y mandos medios de los paramilitares desmovilizados han dejado al descubierto unas 600 masacres y el asesinato de unas 170.000 personas, mediante horrendos métodos que incluyen escuelas de descuartizamiento, hornos crematorios, y fosos de cocodrilos.

Con los capos se extraditaron los testigos de la parapolítica, dijo en su oportunidad el director del Partido Liberal, Rafael Pardo, en referencia a los vínculos entre los jefes paramilitares y legisladores, alcaldes, gobernadores y hasta miembros de los más altos círculos del poder ejecutivo. La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía abrieron investigación a 130 parlamentarios, se ha proferido 34 sentencias y 27 condenas, de acuerdo con datos de la Corporación Nuevo Arco Iris.

Radio Nederland, Holanda, junio 5 de 2012.