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Oscar Gutierrez Reyes

¿Deben continuar ganando, las empresas, lo que están ganando?

Por Óscar Gutiérrez Reyes

Hace poco menos de un mes, dirigentes de las ligas de usuarios del país se reunieron para darle una mirada a las actividades desarrolladas por las organizaciones que integran la Liga Nacional de Usuarios. Después de varios análisis de las condiciones de prestación de los servicios públicos,

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Por Óscar Gutiérrez Reyes

Hace poco menos de un mes, dirigentes de las ligas de usuarios del país se reunieron para darle una mirada a las actividades desarrolladas por las organizaciones que integran la Liga Nacional de Usuarios. Después de varios análisis de las condiciones de prestación de los servicios públicos, concluyeron en la certeza de que la privatización de empresas y bienes públicos, mediante la venta a menos precio -claro está- de esos activos estatales, acarreó graves cargas económicas para los usuarios y el país.

El alza permanente -en porcentajes y a precios constantes- en las tarifas de los servicios públicos, la conversión de estos en lucrativos negocios, con tasas de rentabilidad elevadísimas y el rápido retorno de los capitales invertidos, hacen que las empresas sean parte de las de mayores utilidades, activos, patrimonio y rentabilidad del país.

Las garantías dadas a los inversionistas, a través de la Ley 142 de 1994 y demás normas, convierten a empresas del sector en poderosos grupos económicos privados que, además de ser monopolios naturales, actúan como amos y señores sobre bienes indispensables para la vida. Las estatales, el grupo EPM de Medellín, las de Bogotá y Cali y otras departamentales o locales están obligadas, por la legislación vigente, a comportarse como cualquier empresa privada y, aunque quisieran actuar distinto, están sometidas a privilegiar la obtención de la máxima ganancia de acuerdo con lo prescrito en la Ley 142.

Uno de los aspectos relevantes de esa transformación empresarial son los criterios que definen el régimen tarifario. El artículo 87 de la Ley 142, garantiza que: “Si llegare a existir contradicción entre el criterio de eficiencia y el de suficiencia financiera, deberá tomarse en cuenta que, para una empresa eficiente, las tarifas económicamente eficientes se definirán tomando en cuenta la suficiencia financiera.  Lo que quiere decir, en últimas, que las fórmulas tarifarias deben garantizar la suficiencia financiera de las empresas. (Art 87.7)

Es claro también que las Comisiones de Regulación, al elaborar las formulas para el cobro de las tarifas a los usuarios, “garantizarán la recuperación de los costos y gastos propios de operación, incluyendo la expansión, la reposición y el mantenimiento; permitirán remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente… (Artículo 87.4 Ley 142).

Además, la Ley también definió que las tarifas tendrían cargos por unidad de consumo, por cargo fijo y por aportes de conexión, configurándose así, con absoluta certeza, que: “las tarifas deben reflejar siempre tanto el nivel y la estructura de los costos económicos de prestar el servicio, como la demanda por éste” según el artículo 87.1 de la mentada Ley.

En esas condiciones, las comisiones de regulación elaboran las fórmulas tarifarias, las empresas definen el cobro a los usuarios y estos se obligan a pagar. Pero, no hay nadie que vigile que efectivamente esas tarifas, tengan en cuenta: “no solo los costos sino los aumentos de productividad esperados, y que éstos deben distribuirse entre la empresa y los usuarios, tal como ocurriría en un mercado competitivo; y que las fórmulas tarifarías no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente, ni permitir que las empresas se apropien de las utilidades provenientes de prácticas restrictivas de la competencia” tal y como lo señala, también, el artículo 87.1.

Y esto lo punteamos, de una parte, para reafirmar nuestra lucha contra la privatización de los servicios y por la derogatoria de la Ley 142 de 1994 y, de otra parte, porque creemos que las comisiones de regulación y las empresas, actúan sin vigilancia y control efectivo  por parte de los Usuarios.


“Los componentes reales, discriminados uno a uno, de las fórmulas tarifarias, los aumentos en productividad o el traslado de las ineficiencias de las empresas a las tarifas”
y que estas imponen a los usuarios, no pueden estudiarse, examinarse, conocerse y discutirse para proponer las modificaciones respectivas, porque los usuarios no disponen de los recursos económicos, técnicos y científicos que permitan confrontar las decisiones de las comisiones y, además, no tienen quién los represente en las mismas.

Es conocido que las empresas, con la anuencia de las comisiones, aceptan elevadas “pérdidas negras” o lesivas ineficiencias o sobrecostos, ajenos a la gestión empresarial estrictamente hablando. Y nunca se ven repartidas las eficiencias en las rebajas de las tarifas a los usuarios.  

Por eso, los usuarios, a través de sus organizaciones, deberían tener representantes auténticos en las comisiones de regulación y disponer de los elementos necesarios para ejercer la labor de vigilancia y control social que la constitución política otorga. Los afectados por las elevadas tarifas deberían tener iniciativa legislativa para presentar leyes que frenen o morigeren las alzas y demás exacciones que las empresas aplican contra los usuarios.

La reunión de la Liga Nacional, decidió organizar grupos de estudio que confronten las decisiones -de las comisiones de regulación y las empresas- en las formulaciones tarifarias y que revisen la aplicación que de ellas se hace. Lo que debe derivar en identificar cobros que deben suprimirse y luchar por conseguir rebajas en las tarifas.

Estamos seguros de que en los componentes tarifarios se cobran agregados que no deberían  facturarse a los usuarios y sabemos de deficiencias empresariales que se trasladan a las tarifas. Si por las debilidades de las organizaciones y por la falta de conciencia y movilización de los usuarios, no podemos derrotar la Ley 142, al menos exijamos que quienes compran servicios públicos puedan conocer y revisar -de manera transparente- el comportamiento de quienes definen y de quienes cobran las tarifas.  

Veamos si las descomunales ganancias de las empresas son justificadas y legitimas. Si no es así, esa será una razón más para exigir se revisen los componentes tarifarios y rebajen las tarifas. Y si es así, también será motivo para preguntarnos: ¿Deben continuar ganando, las empresas, lo que están ganando? ¿Deben, millones de trabajadores, subempleados y desempleados quitarse el pan de la boca para pagar tan onerosas tarifas?

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