¡Detengamos la locomotora minera!

Por  Rafael Colmenares / Desde Abajo  

Los hechos se precipitan velozmente, no han pasado cuatro meses desde el derrame de carbón de la Drummond en la Bahía de Santa Marta1 y ya el país se retuerce hastiado con los abusos de las transnacionales mineras. Por estos días la Contraloría General de la República ha saltado a la palestra lanzando el libro “Minería en Colombia – Fundamentos para superar el modelo extractivista”.

Ha propuesto además que se revoque el arreglo de prórroga del contrato de Cerromatoso y pide que se investiguea los ministros responsables de dejar vencer el término fijado por la Corte Constitucional para presentar al Congreso un nuevo Código de Minas, ante la inconstitucionalidad de la Ley 1382 de 2010, que lo modificaba por haber omitido la consulta previa con los pueblos indígenas. Hace solo dos meses la protesta contra la minería en el páramo de Santurban se tomaba nuevamente las calles de Bucaramanga; en Tabio la comunidad logró que se cerrara una gravillera… la enumeración de los hechos se hace interminable.
 
Los minerales colombianos en la mira de las transnacionales
 
En la época del final del petróleo barato y en el pico o cenit de varios de los minerales para la producción industrial, un frenesí minero recorre al mundo. No es de extrañar entonces que el territorio colombiano, rico en estos recursos, esté en la mira de las compañías en su inmensa mayoría transnacionales que se dedican a la extracción, transporte y comercialización de los mismos.
 
Si bien Colombia ha sido un país minero desde la colonia española, aunque el peso de la minería no ha sido constante en la economía del país, las actuales formas de extracción con tecnologías altamente destructoras como la denominada “minería a cielo abierto”, constituyen la mayor amenaza sobre la frágil ecología de su territorio. Si los páramos del país son destruidos o fuertemente afectados, el ciclo hidrológico se estropeará para siempre, más cuando la deforestación a que ha sido sometida la zona andina ya constituye un problema mayor (como se puso de presente en las recientes inundaciones de 2010 – 2011), mostrando la aceleración inusitada de la escorrentía y la sedimentación del Magdalena y el Cauca, los desagües naturales del sistema andino.
 
Se destruyen los ecosistemas a cambio de muy poco
 
Los riesgos brevemente expuestos serían argumento suficiente para abandonar la locomotora minera. Sin embargo la profunda alteración que ella está generando –y generará en el futuro próximo– sobre los frágiles ecosistemas colombianos es más grave pues cercenará en definitiva la posibilidad de otro tipo de desarrollo para el país. En efecto, la pérdida de la biodiversidad y los suelos aptos para la agricultura, son irreparables. Quien quiera comprobarlo no tiene sino que mirar lo que ha pasado en el departamento del Cesar, convertido en un inmenso hueco y depósito de desechos de la minería del carbón que explota la Drummond contaminando también el mar, como ya se anotó.
 
Otro aspecto a tener en cuenta es que Colombia entrega sus recursos mineros a cambio de muy poco. Mientras otros países suramericanos han mejorado no solo el control directo sobre tales recursos sino las regalías y otras condiciones del negocio, los anteriores gobiernos, y el actual, facilitan al máximo la explotación de aquellos con regalías exiguas y todo tipo de ventajas tributarias para las empresas extractoras.
 
Esta desregulación y flexibilización ha conducido a un conjunto de irregularidades, sintetizadas por la experta Tatiana Rodríguez Maldonado, de Censat – Amigos de la Tierra de la siguiente manera:
 
Superposición de títulos mineros en áreas de páramos, parques naturales y otras zonas protegidas. Buena parte de las cuencas abastecedoras de agua se encuentran tituladas para la minería. Lo anterior va en contra del derecho fundamental al agua y de la destinación prioritaria del líquido al consumo humano.
 
La piñata de títulos y solicitudes para minería está concentrada principalmente en dos minerales, el carbón y el oro. El primero está destinado a la generación eléctrica, donde se constituye en uno de los principales motivos del cambio climático. El segundo es un bien completamente suntuario que para ser extraído requiere del uso de sustancias tóxicas como el cianuro, que fue prohibido por el Parlamento Europeo en el viejo continente2.
 
La cifra que recibe anualmente el país por concepto de regalías es tan irrisoria, que es menor incluso que la que se percibe por canon superficiario. Así, en 2009 se recaudaron 1,9 billones de pesos por regalías, mientras que solamente el canón superficiario debió ser de 2,8 billones de pesos.

A octubre de 2009, diecinueve resguardos indígenas se encontraban titulados para minería en más del 90% de su área.
 
La campaña por una moratoria de la explotación minera
 
El problema sin embargo es: ¿Qué hacer? ¿Cómo se moviliza la sociedad civil para frenar la máquina de destrucción que se ha instalado en el país con la complicidad del Gobierno “Nacional”?
 
En su libro, “Políticas mineras en Colombia”3, el geólogo Julio Fierro Morales, propone una moratoria en el país a la actividad minera hasta que se den unas condiciones que garanticen el menor impacto posible, excluyendo ecosistemas esenciales para el ciclo del agua y la biodiversidad. y posibilitando una real y efectiva regulación de la actividad.
 
Esta iniciativa está siendo retomada por organizaciones sociales como la Organización Nacional Indígena de Colombia –Onic–, Sintraemsdes, y ambientalistas como Unión Libre Ambiental, Censat–Agua Viva, el Grupo Semillas y organizaciones que promueven la paz como desde abajo e Indepaz, entre otras.
 
La meta es recoger por lo menos cien mil firmas de apoyo a los doce puntos que aparecen en el recuadro. Dichas firmas se entregarán a los máximos representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a fin de que se pronuncien sobre el clamor ciudadano que expresan los firmantes, esperando que las organizaciones sociales y populares hagan propia esta iniciativa y la desarrollen por los más novedosos e insospechados caminos.

1 Véase “Drummond y las debilidades de la gestión costera”, en Razón Pública, 18 de Febrero de 2013.
2 Resolución de la Unión Europea, adoptada el 5 de mayo de 2010.
3 Julio Fierro Morales, “Políticas mineras en Colombia”, ILSA, Febrero de 2012.

Desde Abajo.