Por José Roberto Acosta  

El Gobierno tiene aún mucho que aclarar en lo referente al irregular proceso de venta de Isagén, tal como quedó manifiesto en el controversial fallo del Consejo de Estado.

El alto tribunal reconoce que el demandante, “señor Hélber Adolfo Castaño Pérez, se refiere a una serie de «hechos sobrevinientes» que también afectan la legalidad de los decretos demandados. Tales hechos están relacionados con la vulneración del patrimonio público y de las normas de presupuesto, porque los recursos de la enajenación no ingresarán al presupuesto general de la Nación, sin que el Gobierno Nacional hubiera puesto en conocimiento esa situación al Congreso.