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Junta directiva de Riopaila conocía delitos en que estaba incurriendo con proyecto Veracruz: Wilson Arias

Así lo demuestra una auditoría realizada por la firma FERGON. Según el informe, en la compra de tierras en el departamento del Vichada por Riopaila, se habría presentado testaferrato, fraude a la ley, falsedad ideológica, entre otros delitos. Todo fue de pleno conocimiento de las directivas del ingenio, sostuvo el representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, Wilson Arias Castillo.

El congresista dijo que se ha conocido un documento de Riopaila que confirma e incluso va más allá de las denuncias ya presentadas en el Congreso.

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Así lo demuestra una auditoría realizada por la firma FERGON. Según el informe, en la compra de tierras en el departamento del Vichada por Riopaila, se habría presentado testaferrato, fraude a la ley, falsedad ideológica, entre otros delitos. Todo fue de pleno conocimiento de las directivas del ingenio, sostuvo el representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, Wilson Arias Castillo.

El congresista dijo que se ha conocido un documento de Riopaila que confirma e incluso va más allá de las denuncias ya presentadas en el Congreso.

En marzo de 2011, la firma FERGON OUTSOURCING LTDA. presentó un informe de auditoría financiera, con el objetivo de verificar los registros de préstamos que el Ingenio Riopaila Castilla S.A. hiciera a diferentes Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), las cuales habrían comprado los predios correspondientes al proyecto Veracruz en el departamento del Vichada, transacciones que han sido objeto de debate público recientemente. El resultado de dicha auditoría es que para tales transacciones se contabilizaron más de 35 mil millones de pesos en las cuentas por cobrar del ingenio, sin soporte alguno al parecer y en calidad de préstamos a empresas SAS, sociedades que “carecen de patrimonio”, como señala el informe. Tales transacciones habrían dejado “vulnerable a la compañía en materia económica, fiscal y legal”, debido a “la adquisición de terrenos en cantidades que sobrepasan las permitidas por la ley 160 de 1994”.

“Estos hechos vienen cargados de corrupción por todos los costados, desde conspicuos empresarios, pasando por carteles de abogados y por el sector público, como seguimos demostrando”, explicó el representante Arias. Y es que, agregó, la auditoría califica los préstamos a las SAS y las compras de tierra como una triangulación y un presunto testaferrato, situación que habría sido constatada en una alerta temprana de la revisoría fiscal en un acta de Junta de 2010, de la cual la administración del ingenio hiciera caso omiso y continuó con prácticas comerciales que el auditor rotula de “colmadas de ilegalidad”. Las transacciones con las SAS habrían constituido una simulación que, de registrarse en la forma correcta, claramente habría exhibido una violación de la ley 160 de 1994. Todo con el agravante del evidente conocimiento y permisividad de los directivos, lo que sirve para concluir que además se incurrió en falsedad ideológica.

Se establece además la participación en dichas transacciones de Brigard & Urrutia y los beneficios que de ella obtuvo el bufete. Los honorarios recibidos habrían ascendido a la suma de $331.689.000. Ello confirma una vez más el beneficio directo que, aunque hoy no lo reconozca, obtuvo el doctor Carlos Urrutia, para esa época gerente y socio propietario del bufete, precisó el parlamentario del Polo Democrático.

El informe de auditoría realizado por la firma FERGON, concluye con un concepto DESFAVORABLE, “por revestir prácticas que en mi opinión no son sanas y desbordan los procesos de legalidad en detrimento de leyes, procedimientos, procesos y normas que deben observarse y atemperarse para ofrecer confiabilidad en la actuación administrativa del negocio y fallas protuberantes de control interno admitidos por directivos y administradores, como reposa en las decisiones y actuaciones que constan en actas de la junta directiva”, puntualizó Arias.

“Se corrobora lo que denunciamos desde el primer debate sobre la altillanura colombiana, realizado en el 2010: grandes conglomerados económicos, nacionales y extranjeros, han violado la Ley para hacerse a la tierra de los campesinos pobres. Hoy le agrego: este gobierno que persigue a los débiles y favorece a los poderosos, ahora intenta blanquear esas inversiones. Para ello se viene con rodeos conceptuales sobre el agro, cuando lo que se impone es que le regresen, ¡pero ya!, esas tierras a sus destinatarios que, insisto, son los campesinos pobres”, señaló el congresista de izquierda.

Por las graves ilegalidades que, ahora es manifiesto, cometió la dirección de Riopaila, y por nuevos hechos que dará a conocer esta semana, el representante Arias ha convocado un nuevo debate de control político en plenaria de Cámara.

 

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