La guerra contra la restitución de tierras

Por Ariel Ávila Martínez / Fundación Nuevo Arco Iris   

Sobre algunas regiones del país parece que avanza una “guerra” contra las organizaciones de víctimas o sociales que promueven la restitución de tierras. En los últimos años han sido asesinados 68 líderes de estas organizaciones, sin embargo el mayor número de estos se han producido entre 2010 y 2012, y si bien la violencia no es masiva, tampoco se detiene.

Estos niveles de violencia han llevado a que se desarrolle un fuerte debate sobre las garantías de la restitución, la seguridad de las víctimas,

y la protección de estas una vez se restituyan los predios. En todo caso, investigaciones recientes desarrollados por la Corporación Nuevo Arco Iris muestran un panorama, bastante más complicado. Además de los riesgos físicos de las víctimas, se encuentran dos tipos adicionales de riesgos: los jurídicos y organizacionales. En lo que sigue, analizaremos los riesgos de la restitución diferenciando algunas particularidades regionales. El debate alrededor de los riesgos para la restitución ha girado, principalmente, en torno a la seguridad de las víctimas, y es que la preocupación es inmensa. En lo corrido del año 2012 han sido asesinadas 3 personas: Manuel Ruíz y su hijo, así como Jairo Martínez, quienes representaban a comunidades en procesos de restitución de tierras. Los datos indican que son Antioquia, particularmente el Urabá, así como la Costa Atlántica las zonas más afectadas. El siguiente cuadro muestra las zonas donde han sido asesinadas estas personas.

Cuadro No. 1

Llama la atención, que las zonas donde mayor número de asesinatos se han cometido, son aquellas donde el gobierno manifiesta que las guerrillas han sido derrotadas y obligadas a abandonar el territorio, y además donde se nota un avance en términos de seguridad derivado en gran parte del supuesto éxito de la desmovilización paramilitar. Así, en este punto, la pregunta es qué es lo que está sucediendo en estas regiones, y quienes son los que cometen este tipo de asesinatos. La corporación Nuevo Arco iris logró determinar dos modalidades.

Por un lado, una buena cantidad de testaferros de las antiguas AUC, y en general personas que se vincularon y beneficiaron con la expansión y consolidación de las AUC, han acudido a los Urabeños para que estos torpedeen el proceso de restitución, y actúen contra lo que ellos dicen que son guerrilleros disfrazados de víctimas. Las amenazas de este grupo se han extendido por 6 zonas del país, las más complicadas el Urabá chocoano y antioqueño, así como Córdoba. En este último departamento solo se han presentado 500 reclamaciones de predios cuando los desplazamientos superaron las 5000 mil familias. El miedo es generalizado.

Adicional a las amenazas de los Urabeños, en algunas regiones del país se han creado los llamados ejércitos anti-restitución, que son grupos de sicarios que se encuentran al servicio de agentes supuestamente legales.

Sí se pregunta por quienes fueron los grandes beneficiados con el despojo y abandono de predios que se produjo durante los años más intensos del conflicto armado, llama la atención que no fueron comandantes guerrilleros ni paramilitares, e incluso el número de testaferros es bajo comparado con la magnitud del despojo. Por el contrario se ha encontrado que la mayoría de la tierra despojada está en manos de los llamados “terceros de buena fe”, es decir, algunos palmeros, ganaderos, entre otros, todos ellos personas que se encuentran en la legalidad.

Algunos de estos sectores que se encuentran en la línea de la legalidad, han optado por crear grupos de seguridad privada que se opongan a la restitución.Estos grupos denominados “ejércitos anti-restitución” operarían en tres departamentos del país. Se debe aclarar en todo caso, que estos grupos no son ejércitos, sino más bien grupos de pistoleros e intermediarios entre la legalidad e ilegalidad.

Estos grupos se conformaron en el Cesar y esta es su historia. El 7 de diciembre de 2011, se produjo un retén de 10 minutos sobre la carretera entre el corregimiento de Casacará y el municipio de Becerril, donde miembros del Frente 41 de las FARC-EP incineraron tres vehículos de carga pesada y ocasionaron daños a otros vehículos particulares. El 10 de diciembre de 2011, ese mismo frente incursionó a la finca ‘Buenos Aires’ en el corregimiento de Casacará, jurisdicción del municipio de Codazzi, de propiedad del ganadero y comerciante Luis Ernesto Araújo, donde dinamitaron parte del predio y repartieron propaganda del grupo guerrillero. Aunque militarmente estas acciones no tienen un significado grande al comprarlas con lo que ocurre en el Cauca o Nariño, eran de gran impacto en la región, ya que desde 2005 no se presentaban este tipo de hechos.

Según pudo establecer la Corporación Nuevo Arco Iris, miembros del sector ganadero y algunos políticos locales se alarmaron sobre la situación de seguridad y el aumento de las acciones armadas de las FARC-EP en el departamento y se reunieron el sábado 17 de diciembre en una finca próxima al municipio de Becerril, donde acordaron financiar un ejército privado que los protegiera de los ataques de las FARC-EP y les permitiera dejar de pagar las extorsiones que este grupo les venía cobrando mensualmente.

Esta primera reunión contó con la participación de grandes terratenientes del Cesar, de familias políticas influyentes y de algunos funcionarios públicos de anteriores gobiernos regionales y se pactó la realización de un segundo encuentro donde se establecería la estrategia de financiación del nuevo grupo armado. En un segundo encuentro, el 13 de enero de 2012 en el corregimiento de Casacará, municipio de Codazzi, surgió la propuesta de buscar el respaldo de los empresarios y políticos prestantes, además se dijo que dicha estructura armada debía “combatir a los guerrilleros que se disfrazan de víctimas y desplazados y no nos quieren dejar trabajar”, es decir se opondrían a la restitución de tierras. Así, de esta reunión salió la idea de un grupo contrainsurgente y anti-restitución de tierras.

Obviamente la pregunta en este punto, es por qué estos sectores del gremio de los ganaderos y latifundistas de la región no acudieron a los Urabeños, quienes controlan gran parte del departamento, y se han encargado de la defensa de varios de los testaferros que dejó Jorge 40; sino que prefirieron crear una estructura armada propia. La respuesta es que estos sectores sienten desconfianza de los Urabeños, ya que ven con recelo la intención de retaliación de algunos de ellos contra el gobierno nacional. Además, si contrataran con los Urabeños, quedarían en medio de la guerra que estos tiene con Los Rastrojos, y eso les implicaría un mayor aporte de dinero a dicha estructura.

La última reunión, se dio el 4 de febrero, en una residencia cercana a Valledupar, reunión a la que además acudieron personas de La Guajira y el Magdalena, así como algunos pocos miembros de la región de los Montes de María, particularmente de San Onofre. Igualmente la Corporación Nuevo Arco iris tuvo acceso a información que indicaría, que algunos comerciantes de Córdoba ya han contratado el servicio de estas estructuras.

Sin embargo, aunque la amenaza de estos grupos anti-restitución es latente, la violencia no será ni masiva ni intensa; por el contrario será selectiva, y parafraseando uno de los métodos que más critican estos grupos que financian los grupos anti-restitución, combinaran todos los métodos de lucha.

Dos serían estos métodos, por un lado, en las mismas reuniones donde se formaron del grupos anti-restitución, se plantearon hacer una “guerra jurídica” contra las víctimas, contratando abogados encargados de torpedear los procesos de restitución. El panorama para las víctimas no es para nada alentador. En el Carmen de Bolívar mientras los “terceros de buena fe” cuentan con 4 o 5 abogados, las víctimas no conocen la ley, no tienen ni siquiera para el trasporte de Cartagena al Carmen de Bolívar, y aunque la ley prevé la inversión de la carga probatoria, aun la institucionalidad es bastante débil.

El panorama en los Montes de María se repite en otras zonas del país, por ejemplo, las oficinas regionales de la Unidad de Restitución es la encargada de elaborar los formularios de registro con las víctimas, pero hasta ahora el proceso está arrancando y por momentos pareciera que se ven desbordados. Se avecina entonces una verdadera guerra jurídica contra las víctimas.

A esta guerra jurídica se le suma una guerra organizativa, que en general tiene tres aspectos. Por un lado, bajo la premisa de que el gobierno dialoga directamente con la víctima y no busca intermediarios, decenas de organizaciones sociales se han visto obligadas a cerrar debido a la falta de recursos financieros. Muchas de estas organizaciones eran las que asistían jurídicamente a las víctimas, realizaban talleres de inducciones y socialización de normatividad, y en general eran un apoyo para la visibilidad de estas víctimas. Actualmente estas organizaciones han desaparecido paulatinamente y el diálogo entre Estado y víctima sólo es parte del discurso pero no una realidad. Por otro lado, aunque las organizaciones sociales que existieron y existen agrupaban una buena cantidad de víctimas, la mayoría de estas no estaban adscritas a organizaciones sociales y en muchos casos no las conocen. A pesar de esta realidad las campañas para buscarlas o para que se asocien son inexistentes.

Por último, en varias regiones del país, pero especialmente en Montes de María, se han presentado casos donde empresarios agrarios han comenzado a dividir el movimiento social. Cooptan líderes sociales, les ofrecen empleos o los sobornan, para que estos limiten a las comunidades y las controlen, con lo que los conflictos en el interior de las comunidades se han multiplicado. Por si fuera poco a estos conflictos internos se han sumado conflictos generacionales, donde las disputas familiares y vecinales son comunes por el retorno a los predios y la reparación.

Arcoiris.com.co, julio 10 de 2012.