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La industria extractiva en Colombia: de la locomotora al tren bala

Por Margarita Flórez / Asociación Ambiente y Sociedad  

“Colombia está expuesta a un desastre ambiental”, aseguró la Contralora General de la República, Sandra Morelli, y explicó que el país “está en riesgo porque, al lado de la explotación minera y al lado del uso de los recursos naturales, no hay autoridades ambientales que estén exigiéndole a todo el mundo (…) que dejen de deforestar y de contaminar”.

Desde su discurso de toma de posesión, el actual mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos,

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Por Margarita Flórez / Asociación Ambiente y Sociedad  

“Colombia está expuesta a un desastre ambiental”, aseguró la Contralora General de la República, Sandra Morelli, y explicó que el país “está en riesgo porque, al lado de la explotación minera y al lado del uso de los recursos naturales, no hay autoridades ambientales que estén exigiéndole a todo el mundo (…) que dejen de deforestar y de contaminar”.

Desde su discurso de toma de posesión, el actual mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció reiteradamente que las locomotoras de crecimiento -entre ellas la del sector mineroenergético- serían el motor para lograr su plan de desarrollo económico. Estas locomotoras son la base discursiva de su ideario en torno al crecimiento y, efectivamente, se consagran en el plan de desarrollo del período 2011-2014, algo paradójico en un país que abandonó el transporte ferreviario hace años.

El reto es consolidar una posición privilegiada como destino de la inversión extranjera directa y, dentro de ella, lograr un papel preponderante de las inversiones en minería y petróleo de manera rápida. “La inversión extranjera directa en Colombia a marzo de 2012 alcanzó un monto de 3,657 millones de dólares, 3,8 por ciento más que el primer trimestre de 2011 (3,523 millones de dólares). En términos de participación, las actividades de petróleo, minas y canteras representaron el 45,3 por ciento (1,657 millones de dólares) del total, seguido por Electricidad, Gas y Agua con 11,5 por ciento (419 millones de dólares) y Comercio, Restaurantes y Hoteles con 11,4 por ciento (417 millones de dólares). La meta del gobierno para este año es de 9,700 millones de dólares y un crecimiento del 43,4 por ciento”. ((Proexport Colombia, Reporte Trimestral de Inversión Extranjera Directa en Colombia, Información a I Trim de 2012, julio de 2012: www.colombiatrade.com.co)

Esta meta encuentra una base firme en la expedición de numerosos títulos mineros por parte del gobierno de Álvaro Uribe, algunos de ellos, se sostiene, presentan irregularidades en su otorgamiento. La ubicación de esos títulos mineros se superpone con ecosistemas de enorme importancia para el país, como páramos, reservas forestales, áreas naturales protegidas, así como con títulos colectivos de pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos, lo cual conlleva un peligro para la integridad biológica y cultural.

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible -como ahora se denomina, tras haber sufrido dos modificaciones sustantivas a partir de 2000- no ha logrado reconfigurarse. Menos aún ejercer con determinación sus funciones y fijar políticas claras en materia de ordenamiento ambiental del país, continuando la tradición de que son las actividades productivas las que señalan el camino para el uso del territorio. Como en el pasado fueron la agricultura y la ganadería, hoy son las explotaciones mineras y petroleras las que señalan los condicionantes para el ambiente en el país, y no a la inversa.

El debate sobre Áreas de Reserva Estratégica Minera

Un hito importante que ilustra el tratamiento del tema ambiental acomodado a los intereses extractivos fue la declaración del propio presidente Santos en su intervención ante la Conferencia Río+20 de las Naciones Unidas. Para concretar un crecimiento minero sostenible, explicó, el gobierno había demarcado unas áreas estratégicas de minería en la Amazonía, en una de las regiones más preservadas del país (departamentos del Guanía y Vaupés), por sus habitantes, en su gran mayoría pueblos indígenas, por la existencia de varias áreas naturales protectoras y por estar pendiente desde hace dos años una solicitud para que, dada su enorme importancia ecológica, una zona sea declarada sitio Ramsar (Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional firmada en Ramsar, Irán, en 1971).

Esta declaración fue el corolario de una enorme campaña realizada desde la cancillería colombiana para lograr insertar en la Declaración final de Río+20 los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, se hizo un gran esfuerzo por conciliar lo casi irreconciliable: explotaciones mineras de gran envergadura con sostenibilidad.

El fuerte impulso a la minería en que se han empeñado los dos últimos gobiernos en Colombia y la debilidad institucional ambiental en existente dificultan tomar decisiones claves sobre el medio ambiente en el país.


Respuesta ciudadana

La declaratoria de áreas estratégicas mineras en la Amazonía tuvo gran repercusión a nivel nacional. Incluso se ocuparon del tema funcionarios diplomáticos por tratarse de un ecosistema prioritario para enfrentar el cambio climático y su enorme diversidad biológica y cultura. Los debates abiertos aún hoy continúan.

A esto se suman numerosas convocatorias diarias a talleres y seminarios promovidos desde la academia y el movimiento ambiental, nuevas acciones de afectados, publicación de artículos en los medios de comunicación alternativa y columnas de periodistas de larga trayectoria en la prensa escrita. Es decir, la situación planteada ha logrado convocar a amplios sectores de la sociedad.

Las distintas iniciativas han suscitado la fuerte reacción ciudadana, al punto que puede afirmarse que no pasa un día sin que se planteen reclamos o quejas por parte de las comunidades en defensa del derecho humano a disfrutar el medio ambiente, el agua ante la construcción de represas de cuya energía se desconoce si será para el mercado de exportación regional o para consumo doméstico, a continuar con su economía rural basada en agricultura de pancoger (cultivos que satisfacen parte de las necesidades alimenticias de una población determinada), a disfrutar del paisaje y a defender la tierra como sitio para la vida.


La Contraloría se pronuncia

El puntillazo final lo dio la Contralora General de la República, Sandra Morelli,  que en entrevista en el diario El Tiempo de Bogotá denominó que Colombia estaba ad portas de un desastre ambiental. E ilustró los principales hechos que podían considerarse detonantes de este estado de cosas, si no se revisan varias decisiones respecto de proyectos de infraestructura, minería, continuidad de explotaciones sin debidos permisos ambientales. Es decir, si el gobierno a la par de la locomotora mineroenergética, convertida en un verdadero tren bala por su rapidez y eficiencia, no echa a andar siquiera un monorriel ambiental.

*Directora ejecutiva de la Asociación Ambiente y Sociedad: www.ambienteysociedad.org.co

2 de noviembre de 2012.

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