La legalización de las drogas o la paz

Por Juan Manuel López Caballero  

Es posible que el impulso a una nueva política respecto a las drogas no vaya a tener tanta trascendencia como sería deseable.

Lo que realmente sucede no es que sea un propósito de nuestro mandatario liderar una especie de revolución al respecto, sino que las condiciones objetivas donde se mueve esa temática lo han llevado a eso.

Y probablemente más que las de las relaciones políticas y la ‘liberación’ latinoamericana de la subordinación a los Estados Unidos (incluida la ‘neutralidad’ de Santos y la relación con los ‘nuevos amigos’) son otras las causas que crean un nuevo escenario.

Estados Unidos ya no es el primer consumidor, lugar que ahora parece disputar o por lo menos compartir Brasil; Colombia no es ni el mayor traficante ni el que más violencia y corrupción tiene por cuenta de ello, ya que ese puesto se lo ha tomado Méjico; este último con Venezuela sustituyó a Colombia y a Centro América como origen de los envíos a Norteamérica; y ya no somos el primer productor de hoja de coca puesto que hoy Perú ostenta esa posición.

Todo lo anterior para significar que ya no es nuestro país ni el único o más afectado por ese problema, ni el más interesado en tratarlo. Serán varias las voces que con más interés participen del tema y no es probable que Santos se desgaste en tratar de coordinar un resultado con tantas aristas, cuando le basta con reivindicar como fruto del encuentro cualquier decisión que salga. Y si no va a ser protagónico en ese aspecto en la reunión, menos se dedicará a hacer el seguimiento e impulsar el objetivo de cambiar las políticas antidrogas y al mismo tiempo a intentar cualquier forma de ‘tratado de paz’ con la guerrilla.

Para los medios y en consecuencia también para el Gobierno la Cumbre de la Américas por razones obvias relega a un segundo plano la atención de los temas internos. Pero una vez pase el evento, y probablemente después del guayabo post-parto que éste dejará, deberá el Gobierno y el Presidente decidir donde concentrará sus esfuerzos (en el entendido que, como lo dijo respecto a las candidaturas internacionales, dispersarlos disminuye la posibilidad de obtener los resultados deseados).

No es hora de dudar de las capacidades ni de la vanidad-ambición del Presidente Santos. Curiosamente su mismo éxito –o el que se le atribuye- lo sitúa en una especie de encrucijada de ¿a qué prestar mayor atención?

En cierto momento se le pudo presentar como alternativa para ‘pasar a la historia’ la posibilidad de liderar el gran debate sobre las drogas que pocos se habían atrevido a afrontar. Las nuevas condiciones antes enunciadas y las declaraciones del trío de presidentes latinoamericanos (Gaviria, Chamorro, Calderón) unidas al reconocido fracaso de las estrategias y orientaciones hasta ahora aplicadas abrieron paso a las declaraciones que en su momento soltó nuestro Presidente. Pero esto en el momento en que prosperaba un cuestionamiento respecto a las políticas de confrontación a la guerrilla y en consecuencia la posibilidad de buscar soluciones a la guerra diferentes a la del exterminio de la insurgencia se veían remotas.

Hoy, excepto por algunos sectores con triunfalismo excesivo o de naturaleza ‘ultrauribista’, el ambiente para alguna forma de acuerdo para una ‘paz negociada’ ha cambiado. La entrega de los retenidos y la declaratoria de cesar los secuestros extorsivos ha sido entendida como un viraje en la visión de la guerrilla, y con los escepticismos que se quieran se ve abrir una rendija que puede llevar a ese anhelado objetivo. Al mismo tiempo a nadie (excepto tal vez los ya mencionados) se le ocurre que no sea una obligación prioritaria del Estado y del Gobierno desarrollar políticas que disminuyan la desigualdad (la tercera más alta del mundo) y propiciar una sociedad más equitativa, con más inclusión y con más movilidad. Se puede decir que hay coincidencia en el diagnóstico y en los objetivos y vale la pena intentar dialogar sobre los medios.

Los obstáculos que pueden presentarse son del lado de las promesas de reparación de víctimas y restitución de tierras. Deben ser vistas –por lo menos transitoriamente- más como una estrategia para aclimatar un ambiente que como la condición para seguir adelante en un proceso de paz. Por un lado la oposición no disminuirá sino arreciará, y por otro y en la medida que se le dé demasiado énfasis a algo imposible de cumplir, es probable que sea más fuente de frustraciones que de resultados. Tal vez ahora que se forman ‘alianzas’ para apoyar esos programas, vale la pena pensar más en pedir que se intente desactivar el conflicto antes que en respaldar retóricamente medidas que correspondería implementar en el post-conflicto.

Abril 9 de 2012.