Por: Cecilia Orozco Tascón

Ser secretario general de Presidencia le pareció poca cosa a Néstor Humberto Martínez cuando Juan Manuel Santos le ofreció ese puesto honorífico. A cambio, sugirió un título acorde con su imagen: “Ministro de la Presidencia”, que derivó, en las notas de prensa, en la ególatra denominación de “súperministro”, un nombre que hizo mucho ruido aunque duró poco pues su interés real estaba centrado en un plan que ya empezaba a poner en marcha. Como en un trampolín de alta elasticidad, se retiró después de haber dividido el Palacio de Nariño entre aliados y enemigos suyos, para desarrollar la parte final de su doble agenda: de un lado, buscaba que su famoso bufete particular diera un salto cuantitativo en negocios los cuales, de todos modos, no le faltaban; y del otro, que lo eligieran en uno de los cargos públicos más poderosos del Estado: la Fiscalía General. Sus aspiraciones fueron satisfechas con lujo de resultados: su oficina de abogados pasó de ser una empresa familiar a firma asociada con una multinacional del derecho, DLA Piper. Por su parte, la Corte Suprema se hizo la ciega y la sorda ante las advertencias que hicimos unos cuantos columnistas sobre los gigantescos conflictos de interés que tenía este peculiar personaje de la vida nacional y lo eligió hasta con el voto de los magistrados decentes, doblegados por el miedo.