La multinacional Cargill en Colombia: acaparamiento sofisticado de tierras baldias

Por Wilson Arias Castillo*

Una de las multinacionales agroindustriales más poderosas del mundo ha acaparado en la altillanura colombiana al menos 26.000 hectáreas de tierra con antecedente de baldío, burlando la ley 160 de 1994. Para ello, contó con la asesoría de la firma de abogados Brigard & Urrutia, de la cual hiciera parte el hoy embajador en Estados Unidos Carlos Urrutia.

Desde hace tres años he venido investigando la dinámica del acaparamiento y la extranjerización de la tierra a nivel mundial y cómo estos procesos se han presentado en los llanos orientales de Colombia, particularmente en la zona conocida como la altillanura. Uno de los casos más relevantes a los que nuestro equipo viene haciendo seguimiento ha sido a las inversiones de Cargill, una de las más grandes empresas multinacionales del sector agrícola y de alimentos (Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Cargill). La primera referencia a las inversiones de esta empresa, las puse en conocimiento de la opinión pública en los debates de 2010 y 2011, cuando se detallaron las sospechas iniciales de inversiones irregulares en tierras ante el Congreso de la República (Ver presentación del debate de control político del 31 de agosto de 2011: aquí ).

La investigación inició con el análisis de los ingresos de inversión extranjera para la compra de tierras por parte del fondo de cobertura de la Multinacional Estadounidense, que se denomina Black River (Mayores detalles sobre este fondo, ver:  http://www.black-river.com/), y que en Colombia se constituyó como filial en 2005, con la razón social Black River Colombia SAS (NIT: 900012685-1), esto con el objeto de constituirse en vehículo financiero para la transferencia de recursos provenientes de Estados Unidos. Recursos que terminarían financiando la “red empresarial SAS” que se vendría a consolidar entre 2007 y 2012, y que lograra adquirir una vasta extensión de tierras en el departamento del Vichada.

La transferencia de recursos por la Multinacional Cargill desde Estados Unidos se realizó a partir del 2004. El fondo de cobertura Black River  a través de distintas cuentas demarcadas para la compra de predios específicos, entre 2004 y 2012, según el Banco de la República, ha girado a las empresas SAS constituidas en Colombia cerca de 38 millones de dólares (más de 75 mil millones de pesos). El siguiente gráfico resume los agregados de IED entre 2004 y 2012.

Fuente: Banco de la República.

Son cuatro empresas constituidas en Colombia por parte de la multinacional Cargill, las que representan la cúspide de la pirámide: Cargill de Colombia Ltda (NIT. 900237877-5), Cargill Trading de Colombia LTDA (NIT. 830138074-1), Colombia Agro SAS (NIT. 900335836-3) y Black River Colombia SAS (NIT. 9000012685-1) (Mayores detalles de estas empresas, ver certificados de existencia y representación Ver aquí).

Las cuatro empresas ejercen el control sobre 19 empresas SAS encargadas de adquirir 20 predios en los municipios de Santa Rosalía y Cumaribo (Vichada). Esto con el fin de cumplir con la “Ley Aguel Kafruni”, según la cual “a cada NIT le corresponde una UAF” (Apartes de la conferencia dada por Carlos Aguel Kafruni en la Universidad de Los Andes: https://docs.google.com/file/d/0B5IfzCXQM9OIWXdnX3lQZFlReUE/edit?usp=sharing). Ahora bien, se sabe por algunos informes de prensa que la multinacional habría adquirido cerca de 90 mil hectáreas, luego estos resultarían hallazgos preliminares (Ver: http://www.portafolio.co/economia/inversion-extranjera-pone-el-ojo-el-campo).

Las 19 SAS plenamente documentadas, constituidas por la Multinacional en Colombia, adquirieron 26.060 hectáreas en el Vichada. Cada una de estas empresas subordinadas, reportan un mismo domicilio en la ciudad de Bogotá, que corresponde al de las empresas principales; tienen una misma empresa de revisoría fiscal (la empresa KPMG); tienen una misma forma en su razón social: “Nombre del Predio” + “SAS”; y comparten una misma estructura societaria y de junta directiva, donde sobresalen los nombres de Robert Hutter, de nacionalidad estadounidense y administrador de portafolio de Black River Management Found (Ver: http://www.linkedin.com/pub/robert-hutter/7/642/431), quien es socio principal; Juan Aquilino Pérez  como representante Legal de cada una de las SAS;  el ciudadano extranjero y al parecer gerente del proyecto de Cereales y Oleaginosas de Cargill en Colombia, Marcos Botta (Ver: http://www.dinero.com/caratula/edicion-impresa/recuadro/%7C-multinacionales-%7C/113501); y José Octavio Vélez Arango, quien además de aparecer en la representación legal de algunas de estas empresas, asiste a eventos como delegado de Colombia Agro SAS, empresa que hace parte de la red de Cargill en Colombia (Ver: Los Gansos – Villa Rosenda – El Samán – El Rastro – La Revancha).

En respuesta a un derecho de petición remitido desde mi oficina al IGAC, cinco predios ubicados en Cumaribo (Los Gansos, El Samán, El Rastro, Villa Rosenda y La Revancha) tienen cartografía definida, y según esta institución NO SE PUEDEN ENGLOBAR (solamente estos cinco predios representan 5100 hectáreas, aproximadamente). No obstante, Cargill, que es mejor conocido por habitantes de la zona como Colombia Agro y que es colindante en ese municipio con el Proyecto Gaviota (Ver: http://www.centrolasgaviotas.org/Inicio.html), desarrolla desde hace varios años un gran proyecto de cereales en un globo de tierra muy superior (Ver: ubicación geográfica).

Los predios fueron adquiridos por cada una de las 19 SAS entre junio de 2010 y febrero de 2012, registrándose las compraventas en la Notaría 16 de Bogotá, ubicada en la carrera 9 con calle 69, a tres escasas cuadras de las oficinas principales de Cargill en Colombia. Por estos predios las SAS pagaron en total $40.016.344.939, como consta en los certificados de libertad y tradición, siendo en algunos casos exagerado el pago. Por  ejemplo, el inmueble Los Alpes fue comprado por ¡6 mil novecientos millones de pesos!, cuando el predio había sido transado anteriormente por 100 millones de pesos.

De igual manera, consta en los certificados de tradición y libertad y en información sistematizada remitida por la Superintendencia de Notariado y Registro en respuesta a un derecho de petición formulado a principios de este año, que cada uno de estos predios proviene de procesos de reforma agraria. Es decir, les aplica el régimen de la Unidad Agrícola Familiar y las demás disposiciones que establece la Ley 160 de 1994, en particular el inciso 9 del artículo 72 de esta norma. ¿De dónde saldría la idea de llevar a cabo la “Ley Aguel Kafruni”, es decir, constituir tantas SAS como Unidades Agrícolas Familiares quisieran acaparar?

Estos predios estarían ubicados muy cerca del proyecto desarrollado por Riopaila Castilla SA (Ver: Denuncia a Riopaila). No obstante, no sólo esto comparte la multinacional estadounidense con el Ingenio Azucarero del Valle. El señor Francisco José Uribe Noguera, también asesoró a la firma Black River en cuanto a la transferencia de recursos y la forma de adquirir estos predios (Ver: solicitud de investigación ante la sala disciplinaria del CSJ). En el perfil del abogado y socio del bufete bogotano, del cual hasta hace poco era socio el actual embajador en Estados Unidos, aparece como caso exitoso la asesoría a esta firma (Ver: Perfil de Francisco Uribe Noguera). Así, Riopaila Castilla SA comparte además de algunos linderos con la multinacional Cargill, un mismo asesor jurídico y una misma modalidad de acaparamiento de tierras, como las que denuncié en el debate del pasado 5 de junio (Ver presentación: http://prezi.com/zumbek4utz4z/?utm_campaign=share&utm_medium=copy).

El embajador debe responder ante la ciudadanía, es un deber ético que renuncie a su actual cargo. El conflicto de intereses sobreviniente, su incapacidad para defender los intereses de Colombia ante tribunales externos, y en particular de Estados Unidos, ante una posible demanda de uno de sus anteriores clientes: la multinacional Cargill. Por tal motivo, también se citará a debate de control político a la doctora María Ángela Holguín, para que explique de cara al país la posición de la Cancillería y del gobierno nacional sobre este asunto bochornoso y vergonzoso para la población colombiana. El presidente Santos debiera solicitar la renuncia del Dr. Urrutia, a pesar de ser su amigo de infancia y de haber financiado su campaña (Ver: http://www.lasillavacia.com/content/las-sorpresas-de-los-que-le-donaron-la-campa%C3%B1a-presidencial-de-santos-45016)

Adicionalmente, el gobierno debe hablar claro a los colombianos, y en específico a los campesinos. Con estos casos queda en evidencia que los despojadores en Colombia no son sólo actores armados fuera de la Ley, sino grandes empresarios con la Ley y los interpretadores de la misma a su favor. El pueblo colombiano no sólo debe indignarse ante los hallazgos, sino exigir la devolución de las tierras despojadas por parte de Riopaila Castilla SA, Cargill, Mónica Semillas, Poligrow, Sarmiento Angulo y demás, que a su vez implican un detrimento patrimonial (Ver Informe presentado a la Contraloría: aquí).

El proyecto de Ley que hoy cursa en el Congreso de la República en materia de “regulación” de la inversión extranjera en el campo (Ver: http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/agenda-legislativa/doc_view/763-ponencia-1er-debate-p-de-l-no-164-de-2012-s-inversion-extranjera-en-el-sector-agropecuario?tmpl=component&format=raw) para que los baldíos sean utilizados por grandes empresarios en nombre de la “asociatividad”, todo ello con el fin de legalizar el despojo empresarial de los baldíos, es una de las muestras más recientes del doble discurso del gobierno Santos, que busca supuestamente reparar a las víctimas del despojo y lograr la paz con justicia social, pero a su vez pretende estimular y proteger a cualquier costo la inversión extranjera y los intereses de grandes grupos económicos, aún de aquellos que se han apropiado irregularmente de vastas extensiones de tierra perteneciente a los campesinos pobres de Colombia.

*Representante a la Cámara por el Valle del Cauca
Polo Democrático Alternativo

20 de junio de 2013.