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La persecución a funcionarias del Incoder: autoritarismo contrarreformista

Los congresistas del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo y Wilson Arias Castillo ante las actuaciones administrativas en el Incoder expidieron el siguiente pronunciamiento público:

El gobierno decidió legalizar las compras irregulares de baldíos y permitir su futura acumulación. Pero además, junto con los cacaos nacionales y extranjeros, emprendió una cruzada para estigmatizar a quienes se opongan a esta política.

En Barranquilla, Rubén Darío Lizarralde se pronunció en contra

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Los congresistas del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo y Wilson Arias Castillo ante las actuaciones administrativas en el Incoder expidieron el siguiente pronunciamiento público:

El gobierno decidió legalizar las compras irregulares de baldíos y permitir su futura acumulación. Pero además, junto con los cacaos nacionales y extranjeros, emprendió una cruzada para estigmatizar a quienes se opongan a esta política.

En Barranquilla, Rubén Darío Lizarralde se pronunció en contra

de quienes han defendido las normas agrarias y de las organizaciones campesinas que adelantaron el paro agrario, cuando invitó a los cacaos a enfrentar a quienes considera “una minoría organizada que ha puesto en jaque al país”. “La reacción tiene que ser en grande y los gremios tienen que salir de su zona de confort”, señaló.

Tal vez ello explique la aleve denuncia penal entablada por Germán Efromovich, presidente de Avianca, contra Jeniffer Mojica y Miriam Villegas, ex funcionarias del Incoder. Se trata de una reacción ejemplarizante: estigmatizar a dos servidoras por el elemental cumplimiento de sus funciones en procura de la recuperación de aquellos baldíos que terminaron en manos de grandes empresas nacionales y extranjeras.

Pero a la persecución entablada por los magnates contra las exfuncionaria, coincide con una desproporcionada sanción del Ministerio Público en contra de Mojica, quien se destacó por investigar y denunciar las acumulaciones de baldíos.

El gobierno Santos, con sus pretensiones de modificar la 160 para legalizar compras de tierras de empresas como Riopaila, Cargill, Monica Semillas y otras; con el nombramiento frente al Ministerio de Agricultura de una persona como Rubén Darío Lizarralde y, con la salida de estas funcionarias, da clara muestra de su profundo autoritarismo y de su marcado sesgo en favor de los emporios criollos y extranjeros, contrario a los intereses campesinos, indígenas y de los pequeños y medianos empresarios del campo.

JORGE ENRIQUE ROBLEDO                                 
Senador PDA                                                                    

WILSON N. ARIAS
Representante a la Cámara PDA

 

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