La pobreza de las ciudades

Por Jaime Enríquez Sansón   

Con cierta regularidad el Departamento Administrativo Nacional de Errores, Dane, presenta un informe en el que clasifica la pobreza de las ciudades de Colombia, como si el tema fuese de estadística o la pobreza se pudiese clasificar de acuerdo a un cuestionario. Pero como, en fin,

el tal informe se convierte en el único referente no sólo oficial sino impreso, es necesario aludir a tal documento porque el tema de la pobreza en general y el de las ciudades en particular, llama la atención al menos de los ciudadanos común y corrientes, ya que no de los legisladores y dueños del balón en la economía colombiana.

Veamos. Una ciudad es clasificada como pobre (Pasto fue catalogada según el último boletín del Dane como la ciudad más pobre del país), por el ingreso per capita de sus moradores. Por la tasa de desempleo, por el subempleo, por el costo de la canasta familiar (el costo de la vida lo determina el pequeño o Small Bang de las pistolas), por la cantidad de circulante, por la calidad – no calidez – de sus casas de habitación, por la existencia y el poder de la industria que en los próximos meses descenderá gracias a los TLC, por los cobros de los servicios públicos y el transporte. No se habla de satisfacciones, de recreación, de seguridad o inseguridad, de analfabetismo, de salud. Y en todos esos factores que sirven para calificar el nivel de vida en las ciudades, hay mucha tela para cortar. Porque si los analizamos en forma detenida, si nos aproximamos a ellos sin pasión, debemos coincidir en que todos dependen de la acción de los gobernantes, de la presencia de los dirigentes, de la mano del gobierno. Y entonces habremos de aceptar una verdad más grande pero tan salada como la catedral de Zipaquirá: en Colombia no existen ciudades pobres sino mal administradas. Ciudades robadas. Con ciudadanos no pobres sino asaltados en las urnas, engañados con las promesas falsas. Gente a la que le hicieron higas (este es un eufemismo que quiero emplear pues me parece de mal gusto escribir que nos han hecho pistola), los gamonales de siempre cuyos ingresos, sumados sueldo básico, gastos de representación, subsidio de vivienda, prima de bienestar y salud, superan los 21 millones de pesos, es decir, 42 salarios mínimos mensuales, con los cuales se supone deben sobrevivir 42 familias de colombianos, de aquellos que al menos tienen empleo. Sin contar, claro, con otras adehalas como el porcentaje pagado por los integrantes de la respectiva unidad legislativa, el de los notarios hechos nombrar a dedo o el de la administración de edificios, fincas y propiedades otorgada por la Dirección de Estupefacientes.

Cuando se considera la cosa pública – no estoy volviendo al cuento de las noches de Cartagena sino a eso que los romanos llamaron res publica, lo público – se piensa en ciertas unidades de medida y ciertas siglas. Pues las hay tanto o más espinosas que la del TLC. Está por ejemplo el CVY que se traduce: “Cuánto voy yo”, pues por sabido se calla, cómo en muchas de esas ciudades pobremente gobernadas, inmoralmente administradas, cada alcalde, cada concejal, comprenden que un contratista al recibir el avance por determinada obra tiene que aportar su CVY, su porcentaje para la adjudicación del respectivo contrato. Porcentaje que es más forzoso que el Iva o alguno de los otros impuestos oficiales, que se paga y no se declara, que se entrega sin recibo, sin prefactura o factura, que se reconoce en privado pero se niega en público como cualquier bastardo de familia linajuda.

La pobreza de los colombianos no es obra ni de la pereza, ni del azar, ni consecuencia de la teoría del Caos. Es fruto de la acción de los gobernantes y legisladores marrulleros que entran a saco roto en las modestas alacenas de los campesinos y asaltan el triste espacio de la nevera familiar y le meten la mano al mercado de los humildes trabajadores y de las modestas empleadillas, cuando no se meten incluso con su honor y dignidad. Que es otra vana ilusión porque honor y dignidad de los colombianos se manosean en las urnas, son objeto de befa y escarnio en los discursos de posesión, se agravian groseramente con el cuento de cambios culturales y se menosprecian y afrentan haciendo poner en fila a los jubilados o a los usuarios de los servicios de salud y se masacran con impuestos desconsiderados o con la aplicación desalmada de las normas que dejan sin energía eléctrica, sin agua, sin gas o sin transporte, al padre de familia de la clase media o al estudiante pobre llegado de provincia.

La mayoría de las ciudades de Colombia, amigo lector, no son ciudades pobres sino ciudades mal gobernadas, ciudades robadas. Y en esa lista, Pasto está a la cabeza de todas, al menos según el último folletín del Departamento Administrativo Nacional de Errores, Dane. Le siguen Montería, Barranquilla, Cúcuta, Cartagena y Cali. ¿Cómo la ve? ¿Y qué dicen al respecto los destacados miembros de su clase dirigente?

Altos de la Colina, Pasto, junio de 2012.