La rama seca del poder

Por Ramiro Bejarano Guzmán  

Son justas las reclamaciones de los trabajadores de la Rama Judicial, quienes desde hace 20 años están esperando que se cumpla con la nivelación salarial ordenada en la Ley 4 de 1992.

Frente a esta reclamación el Gobierno, el único capaz de solucionar la situación, les ofrece esperar 15 años más y solicita declarar la ilegalidad del paro judicial.

La cosa es muy sencilla. Lo que los trabajadores de la rama están pidiendo simplemente es que se acaben esas diferencias abismales de salarios entre los distintos funcionarios. Tienen razón. Por ejemplo, no hay derecho a que un magistrado de tribunal superior devengue 14 millones de pesos más de lo que se gana el siguiente funcionario que le sigue en la escala judicial, el juez del circuito. Y de ese tamaño es la desigualdad en relación con otros funcionarios, tanto del poder judicial como de la Fiscalía.

A pesar de que nadie discute la justeza de la reclamación de los trabajadores de la Rama Judicial, sorprende que haya quienes les pidan que no protesten y que levanten el paro. Antes no le importó al Gobierno, ni al Consejo Superior de la Judicatura, menos a la errática ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, que la base de la justicia estuviese expuesta a semejante inequidad. Solamente cuando los funcionarios se hicieron sentir con el paro, ahí sí todos se acordaron del cuento de que los servidores públicos no pueden hacer huelga.
A la ministra de Justicia, a quien debería dolerle la situación de los funcionarios de la rama a la que perteneció hasta hace unos pocos meses, cuando de allí la sacaron el procurador y la contralora para imponérsela al presidente Santos, no le tembló la mano para ofrecerles una solución para dentro de 15 años. A quién se le puede ocurrir que para un problema laboral que lleva dos décadas de haberse suscitado, la solución tenga que esperar todavía 15 años más. En plata blanca eso significa que el Estado, para cumplir la Ley 4 de 1992, que era de aplicación inmediata, necesitará la medio bobadita de 35 años. Mientras tanto en los demás sectores, como en el nivel ejecutivo del Gobierno, o en las altas cortes, sus funcionarios están bien remunerados y cargados de toda clase de prebendas.

El Gobierno sostiene que no hay dinero para atender los reclamos de los hombres de la base de la justicia, pero como primero cae un mentiroso que un cojo, se le olvida a la flamante ministra Correa que en la tramposa reforma a la justicia que luego fracasó, uno de los ganchos que se ofrecía para que se aprobara la misma, era la promesa de que se nivelarían las diferencias salariales. ¿Cómo es que hoy el Gobierno afirma que no hay plata, pero cuando estaba urgido de que le aprobaran su reforma a la justicia, prometió que nivelaría los salarios? Si esos recursos estaban listos en junio, por qué hoy no se cuenta con ellos. O el Gobierno estaba mintiendo cuando pretendió la aprobación de la reforma a la justicia, o lo está haciendo hoy, o, como lo creo, no está diciendo la verdad desde hace muchos años.
Que lo ideal es que el servicio de justicia no se paralice, de acuerdo, pero eso no puede legitimar la inmoral solución totalitaria de que si los funcionarios no hacen lo que el Gobierno quiere y les impone, entonces quedan con un pie en la cárcel o destituidos.

Adenda. Tiene razón Human Rights Watch y quienes han criticado la peligrosa reforma al fuero militar, que aprobaron a pupitrazo en la Cámara y lo harán en el Senado. No hay una sola prueba de que a los militares se les hayan violado sus derechos en los procesos seguidos en su contra. Y sobre esa falacia, sacarán adelante esta reforma odiosa que convertirá en intocables a los miembros de la Fuerza Pública y constituirá una bofetada más a nuestra democracia.

El Espectador, Bogotá, 28 de octubre de 2012.