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La reconfiguración del poder capitalista en América Latina

«El terreno de la disputa» • Intervención de la socióloga mexicana-uruguaya Beatriz Stolowicz en el Coloquio Internacional “La América Latina y el Caribe entre la independencia de las metrópolis coloniales y la integración emancipatoria”, celebrado este noviembre en la Casa de las Américas, La Habana, noviembre de 2010.

POR BEATRIZ STOLOWICZ

Las luchas de nuestros pueblos son las que nos han permitido llegar a este Bicentenario en una realidad inédita por las posibilidades de disputa de proyectos que se han abierto en la región.

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«El terreno de la disputa» • Intervención de la socióloga mexicana-uruguaya Beatriz Stolowicz en el Coloquio Internacional “La América Latina y el Caribe entre la independencia de las metrópolis coloniales y la integración emancipatoria”, celebrado este noviembre en la Casa de las Américas, La Habana, noviembre de 2010.

POR BEATRIZ STOLOWICZ

Las luchas de nuestros pueblos son las que nos han permitido llegar a este Bicentenario en una realidad inédita por las posibilidades de disputa de proyectos que se han abierto en la región.

Al terminar nuestro libro sobre las experiencias de gobiernos de izquierda y progresistas, a finales de 2007 yo decía que en estos procesos en construcción “el movimiento no lo es todo” —rebatiendo a Bernstein— y que es decisiva su dirección; que la derecha ha puesto todos sus recursos económicos, políticos, militares y simbólicos para disputar y definir esa dirección, y que aún queda por saber si las fuerzas aspirantes a la igualdad y a la emancipación humana la disputarán efectivamente.

Pero a veces no es tan evidente cuál es el terreno de disputa, porque no se ve en su totalidad la estrategia dominante para imponer los intereses del gran capital, imperialista por antonomasia, el cual incluye ostensiblemente la militarización y golpes de Estado; pero simultáneamente es una estrategia de reconfiguración de nuestra región, de largo aliento, para estabilizar política y socialmente la reestructuración capitalista neoliberal que se lleva a cabo pese a la heterogeneidad de realidades sociopolíticas, e incluso, buscando aprovechar la legitimidad de los gobiernos de izquierda o centroizquierda para ejecutarla.

La impresionante cantidad de acontecimientos de todo signo, y el tiempo corto de lo electoral, dificultan pensar más allá de lo inmediato y colocarse en los tiempos más largos en los que se dirime la disputa de proyectos. El entusiasmo por los triunfos electorales de la izquierda y la centroizquierda han desplazado la atención sobre los triunfos o avances electorales de la derecha, considerados como una excepción, y no muy bien explicados.

A esto se añade la dificultad por integrar los niveles de análisis. El carácter inédito de la coyuntura por el protagonismo popular y por su contenido ético, lógicamente, ha jerarquizado el análisis sobre la democratización de los regímenes políticos y sobre los procesos constituyentes. Pero se ha llegado a pensar desde una autonomía de lo político respecto a la reproducción económica y de las clases, sin considerar que esta condiciona el modelo político y social. Estos y otros problemas en los análisis, que no hay tiempo de señalar, han llegado a producir serias dificultades de interlocución en el campo del pensamiento crítico latinoamericano, que tienen efectos políticos negativos. No solo al interior de la izquierda, sino también para encarar la disputa con la estrategia del gran capital.

Quiero centrarme en esto último. Dada la brevedad del tiempo disponible tendré que ser telegráfica y esquemática, sin consideraciones dialécticas sobre temporalidades de la estrategia, contradicciones y hasta retrocesos, especificidades nacionales, etc. Pero al menos apuntar a los desafíos existentes para seguir avanzando en el cambio de correlación de fuerzas a favor de nuestros pueblos, y en defensa de esta región pródiga del planeta, objeto de la voracidad del capital.

Desde lo que me ha aportado la investigación, sostengo la tesis de que estamos asistiendo a un punto de llegada de la estrategia ejecutada desde hace veinte años para estabilizar y legitimar la reestructuración neoliberal del capitalismo en América Latina. Estrategia planteada por la CEPAL neoestructuralista y por el BID presidido por el excepalino Enrique Iglesias, y en la segunda mitad de los 90 también por el Banco Mundial con Stiglitz y Guillermo Perry, la cual fue planteada como “posneoliberalismo”, pues se autodefinía como “superación del neoliberalismo” pero contraria al “populismo” —en realidad, de lo que definían por tal—. Los ideólogos del sistema fueron cambiando estas definiciones, de tal suerte que la estrategia se presentó como “alternativa” a sí misma en diferentes momentos o fases.

Desde comienzos de los 90, está planteada como el camino hacia un “nuevo desarrollo” de orientación exportadora para “aprovechar las ventajas de la globalización” mediante la exportación de “lo más abundante”. Retóricamente presentada como una transición desde ventajas comparativas espurias a una ulterior competitividad auténtica, que inevitablemente debía ser impulsada por el capital transnacional por su aporte tecnológico, financiamiento y por su acceso a mercados.

Esto, en realidad, tiene como objetivo convertir a América Latina en un espacio de estabilización del capital trasnacional tras las crisis financieras, haciendo que masas de capital especulativo excedente, en riesgo de desvalorización, se reciclen en la acumulación por desposesión con asiento territorial tanto en la explotación y saqueo de riquezas naturales, como en la explotación de la fuerza de trabajo; así como la recuperación de la acumulación ampliada mediante la construcción de infraestructura —de más lenta rotación pero asegurada por el estado—, que a su vez potencia la acumulación por desposesión con el abaratamiento de la extracción de esas riquezas naturales.

El IIRSA y el Plan Puebla Panamá —ahora Proyecto Mesoamérica—, que tienen ya una década, son algunos de los entramados institucionales para esos objetivos. En esto consiste el “neodesarrollismo”, que aunque se presente a veces con discursos nacionalistas es desnacionalizador, y que es criminalmente depredador, aunque a corto plazo reactive las economías.

Se trata de una estrategia lúcida y compleja. No ve a las democracias como un peligro contra la continuación de la reestructuración capitalista, sino como una oportunidad para construir consensos moderados a favor de las llamadas reformas económicas, para lo cual la política y la democracia deben ser instrumentos de gobernabilidad (governability, esto es: estabilidad de la dominación), y desde luego instrumentos de integración institucionalizada de la izquierda que avanza electoralmente, y que plantea la importancia del estado para captar y retener la inversión extranjera, para lo cual debe garantizar un buen clima de negocios, ganancias más atractivas, seguridad jurídica, estabilidad financiera y bajo déficit fiscal y, desde luego, pagar la deuda.

Ese mayor activismo estatal para fortalecer al sector privado exige la reforma del estado para hacerlo “chico pero eficaz”. Esa dizque transición obviamente requería reducción del salario real y alto desempleo: plataforma desde la cual pueden legitimarse acotadas políticas sociales para reforzar la gobernabilidad.

La apelación al estado y esta dimensión “social” son los estandartes del “posneoliberalismo” para presentarse como progresista y hasta de izquierda, con componentes estratégicos novedosos, pues se recubren de lenguaje de izquierda y hasta utilizan instrumentos de acción históricamente identificados con las acciones de izquierda.

Veamos en primer lugar esta formulación del “estado social” que tanto confunde. La estrategia plantea, en el corto plazo, la implementación de un asistencialismo focalizado hacia la extrema pobreza para absorber tensiones sociales, que de paso iría liquidando la cultura de derechos, sustituyéndola por una degradada cultura mendicante. En el largo plazo, se plantea lograr una reestructuración social profunda.

De una parte, el desempleo y la pobreza son la “oportunidad” para que la flexibilización laboral, el autoempleo y la tercerización laboral precaria mediante pymes fueran aceptados como medios legítimos para acceder a la “equidad”. De otra parte, se busca eliminar la pugna distributiva mediante la utilización de “organizaciones intermedias” para la gestión de aspectos puntuales de sobrevivencia o de convivencia, echando a andar el proyecto neoconservador elaborado en los años 70, a nombre de “rescatar al individuo solitario del neoliberalismo e ir al encuentro con la comunidad perdida”. Incluso se reconoce a los sindicatos como útiles organizaciones intermedias en tanto asuman a la empresa capitalista como una “comunidad de trabajo” y de “corresponsabilidad”, en la que a los trabajadores explotados y precarizados se les llama “asociados”.

No es solo asistencialismo, sino la gestación de un microcorporativismo conservador que disuelve a los sujetos colectivos de la pugna distributiva, y que es usado como medio para una cohesión social o “capital social” que parecería imposible dadas las condiciones de pobreza y despojo. Comunitarismo conservador que, además, es percibido como “participación” y “empoderamiento”; y algo muy importante: que invisibiliza la desigualdad. Es tan sofisticada la intervención conservadora en estos ámbitos propios de acciones de izquierda, que hoy vemos que algunas pymes que tercerizan empleo precario (por eso las destacan como generadoras de empleo) se registran como “cooperativas”, como “sociedades de solidaridad social”, y hasta como “sindicatos” y “uniones”, lo que aparentemente estaría reforzando una “economía solidaria”.

El socialiberalismo provee el instrumental teórico sobre la asignación de recursos y sobre la dizque “equidad”. Y el socialcristianismo provee los argumentos sobre la moralidad del capitalismo, reelaborando conceptos como el de la “función social de la propiedad” (o “responsabilidad social empresarial”). Premunida con su conservadora doctrina social —que nada tiene que ver con las concepciones del CELAM de Medellín—, la Iglesia juega un papel protagónico en su ejecución. En esta reestructuración conservadora de la sociedad, participa, asimismo, la clase media profesional, que encuentra trabajo e ingresos como gestora de puntuales recursos para esta “pobreza acompañada”, y se convierte en intelectual orgánico del proyecto.

Pero, además, este peculiar “estado social” obtiene el apoyo de los empresarios, que proveen los servicios sociales que el estado ya no provee pero financia, con lo cual el estado transfiere parte del fondo de consumo de los trabajadores y de los consumidores pobres —que no deducen impuestos— directamente a la acumulación de capital. Esta es la mentada “asociación estado-mercado-sociedad”, en la que los pobres y las capas medias financian a los extremadamente pobres, el gran capital acumula legitimado por sus servicios para el “nuevo bienestar”, y los gobiernos ganan clientelas electorales. Se produce el milagro de que “todos ganan”, aunque el capital se concentra y aumenta la desigualdad. Este es el fundamento de los acuerdos de “unidad nacional” promovidos por Sebastián Piñera y Juan Manuel Santos, y por otros gobiernos de la región incluso progresistas.

El Estado es un actor central como soporte institucional y material de todos los aspectos de la estrategia, haciendo un uso intenso de sus potestades coercitivas, políticas y simbólicas. Este es el reino del neoinstitucionalismo. Su aspecto más conocido refiere a las multiplicadas funciones gubernamentales para garantizar la gobernabilidad mediante políticas públicas que generen consensos activos y pasivos y que transfieran riqueza al capital: la good governance, traducida como “gobernanza”.

Pero es de la mayor importancia la función estatal instituyente mediante el uso intensivo del derecho positivo, hacia un nuevo estado de derecho que legaliza todas las formas de acumulación por desposesión y que legaliza las nuevas formas de subsidiariedad del estado. Incluso, mediante tratados internacionales de todo tipo, haciendo de ese embarnecido derecho público internacional una legal dominación imperialista convertida en legislación nacional obligatoria. Al poder legislativo le corresponde un importante papel en la gestación de este nuevo estado de derecho que privilegia los derechos del capital, para lo cual son necesarios los partidos y las elecciones. Y al poder judicial le corresponde un activo papel para sancionar su incumplimiento.

Como soporte material de la estrategia, y a nombre del “interés nacional del desarrollo”, el estado financia al capital —que no invierte ni arriesga—, y le da seguridad jurídica con contratos muy largos, en la remisión de ganancias, y evitando o neutralizando conflictos laborales. Esta función subsidiaria es legitimada mediante la fórmula de la “posprivatización”: las asociaciones público-privadas, que operan en todo: en la construcción de infraestructura, en los servicios sociales, en la explotación de los recursos naturales. En relación con estos, el derecho cumple una importante función y establece la distinción entre derecho de propiedad y derecho de uso, y permite la explotación privada aunque se mantenga la propiedad estatal de los mismos.

Bajo el principio de la asociación público-privada, en torno a los contratos y financiamientos estatales, surge una nueva fracción burguesa que provee de servicios al gran capital, técnicos, de mercadeo, de contratación precaria de personal, que por intereses económicos apoya a los gobiernos. Pero no es una nueva burguesía nacional, pues comparte los objetivos del capital transnacional del cual es satélite.

Las asociaciones público-privadas alcanzan también a las que habían sido definidas como esferas exclusivas del estado en el ejercicio del monopolio de la fuerza. La seguridad, que era una función privativa del estado liberal moderno, por ejemplo en la función policial y en las cárceles, también es provista por privados con financiamiento público. Se mantiene la envoltura de las formas liberales como elecciones periódicas y tres poderes, aunque acotadas por la juridización de la economía y la política, pero se rompe con los fundamentos del estado liberal moderno que formalmente establece, para su universalización, la separación entre lo público y lo privado. Se trata de un nuevo patrimonialismo en el que, a nombre del interés general del desarrollo, lo privado domina de manera directa, abierta y legitimada a lo público, incluso cuando financia lo social. Por eso, las asociaciones público-privadas no son sinónimo de economía mixta.

Se trata de una reconfiguración de la sociedad y del ejercicio del poder capitalista que no podemos explicar con los conceptos tradicionales de la teoría política. También estamos ante una reconfiguración de la dominación en términos de mediaciones sociales, que las hay. En varios de nuestros países se han destruido las mediaciones tradicionales en la relación política de clases, pero se han construido otras mediaciones para la gobernabilidad. Aunque sean bien distintas a las clásicas, si producen gobernabilidad significa que no es un “estado fallido”. Las políticas asistencialistas cumplen una función de mediación. La legitimación del poder se hace también mediante el tema de la seguridad. La inseguridad es inducida y explotada para validar el ejercicio de la fuerza pública y privada.

Se han construido nuevos enemigos, algunos muy difusos, no solo el llamado terrorismo que incluye a luchas sociales contra el despojo capitalista, sino también, por ejemplo, las epidemias. La manipulación de la inseguridad se hace bajo los fundamentos de una nueva doctrina de seguridad nacional garante de los derechos del capital, ahora civil o democrática. Y que vuelve a dar creciente protagonismo a las fuerzas armadas.

Los logros de la estrategia de estabilización capitalista se miden por la elevación de las ganancias y por el aumento del conservadurismo en la sociedad. Avanzó más donde se ha debilitado a la izquierda como fuerza de horizonte anticapitalista y donde se debilitó la independencia de las organizaciones populares. Su ejecución consolida a la derecha que gobierna, o le permite avanzar electoralmente y reconquistar la administración del estado donde no la tenía. Pero varios de sus instrumentos se implementan donde hay gobiernos de izquierda y centroizquierda, lo que obliga a pensar más allá de la inmediatez electoral, en los efectos de mediano y largo plazos.

Este es un buen referente de contrastación para observar y, sobre todo, para valorar, los procesos de cambio que no siguen esas concepciones ni prácticas pese a las dificultades del presente, o que se encaminan a superarlas.

Para que la energía desplegada por nuestros pueblos por su independencia y libertad no vaya a ser aprovechada por el proyecto whig con un Termidor, como hace 200 años, no tenemos más remedio que encarar los retos de la disputa. Para lo cual no alcanzan las expresiones de deseo o la propaganda. Y esto no es pesimismo ni derrotismo, sino responsabilidad en la lucha por la emancipación, como la emprendida por Cuba desde hace medio siglo, que esperamos y estamos seguros de que seguirá avanzando. Gracias.

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Nota: 

1. Gobiernos de izquierda en América Latina. Un balance político. Ediciones Aurora, Bogotá, noviembre de 2007 (reimpresión febrero de 2008). 

 

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