Por Fernando Arellano Ortiz  

La reparación efectiva de las víctimas del inveterado conflicto interno colombiano constituye aspecto fundamental de las negociaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la insurgencia de las Farc. Pero tal responsabilidad, a la luz del derecho internacional y de los acuerdos a que se han llegado en la mesa de negociación de La Habana, no solo debe recaer en los principales actores generadores de violencia en Colombia: el Estado, la guerrilla y las bandas paramilitares, sino que necesariamente tiene que ampliarse a terceros que son cómplices y articuladores de delitos de lesa humanidad, como varias empresas transnacionales que se han aprovechado de la confrontación armada y del histórico debilitamiento institucional de este país andino para consolidar sus negocios corporativos vía fractura social y territorial.