Las dos caras de la minería en páramos, un debate pendiente

Por Estefanni Barreto Sarmiento / Cedetrabajo  

A propósito del debate suscitado por el proyecto de gran minería en el Páramo de Santurbán, se han creado serios interrogantes teniendo en cuenta que cerca del 60% de los páramos húmedos del mundo se encuentran en Colombia. Para empezar hay que reconocer la importancia de los páramos en la vida de las comunidades y del sostenimiento del medio ambiente. La extracción de recursos en páramos genera altos impactos, cambia la topografía, provoca la infertilidad de la tierra por los contaminantes usados, altera la capacidad de regulación hídrica, deteriora la salud de la población, altera la fauna y la flora y causa graves daños en la relación productiva de la zona.

 
Existen en Colombia 34 páramos, con una superficie total de 1.932.395 hectáreas, de los cuales solo el 36% están dentro del Sistema Nacional de Parques Naturales. Con la reforma hecha al Código Minero por la Ley 1382 de 2010, declarada inexequible por la sentencia c-366-11 y que rige hasta mayo del presente año, se presentó en la teoría una legislación más rigurosa para defender las zonas protegidas. Se determinó como zona excluida de la minería las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales y los ecosistemas de páramos, entre otras zonas de importancia. Para su ejecución se determinó hacer unos estudios ambientales, geográficos y de delimitación de la zona por parte de la autoridad ambiental. Otras normas de similar protección son la Ley 99 de 1993, encargada de crear varias entidades de orden nacional sobre el tema ambiental, entre ellas, el Ministerio de Ambiente. Estas y otras normas han sufrido modificaciones a lo largo del tiempo. Sin embargo, sus alcances parecen quedar en la teoría.

 
A pesar de la protección normativa, el gobierno ha otorgado 37 títulos mineros en 14 parques nacionales. Ya entre 1993 y 2010, año en que entró a regir la modificación al Código Minero, se habían entregado 404 títulos mineros en 20 zonas de páramos. Los datos dan cuenta de que hay cerca de 8.000 solicitudes de extracción y explotación minera en zonas protegidas.

 
Cuando se revisa la regulación sobre el punto, entre otros, se pueden examinar dos factores de importancia para tratar de dar explicación a lo anterior. Por un lado se encuentran normas como el artículo 35 del Código Minero, sobre la protección de los páramos, y que permite a quienes ya tuvieran títulos proseguir sus trabajos. En segundo término, casos como el de Santurbán ponen en entredicho el cumplimiento real que hacen las corporaciones regionales, el Ministerio de Medio Ambiente y otras entidades públicas para proteger las zonas especiales.

 
¿Qué tipo de minería debe efectuarse para garantizar la defensa de estas zonas? Es un segundo debate, porque a gran escala… mayores serán los impactos. Si bien es cierto que hay zonas donde se aduce que ningún tipo de minería es posible, solo estudios especializados podrían determinar la clase de trabajos que en determinadas áreas se puede llevar a cabo. Hoy no existen estudios completos. Durante años se ha venido efectuando una especie de pequeña minería en zonas aledañas a páramos por parte de los pobladores de estas mismas zonas, una actividad que realizan para sustento individual y familiar, combinando la actividad minera con la agrícola. Los implementos utilizados suelen ser más de tipo manual o hidráulico, como el martillo o el taladro.

 
De manera que el mayor debate se ha suscitado por la gran minería, la misma que está dando el golpe de gracia a las zonas de reserva tan vitales como los Páramos de Pisba, Santurbán y Rabanal, como también a las comunidades que dependen de estos. Los consorcios extranjeros reemplazarán para la extracción, las emponjas hídricas por toneladas de cianuro, amoniaco, nitrato y otras sustancias químicas contaminantes.

 
En el caso de Santurbán, Santander, son 2,2 millones de personas las que dependen del agua del páramo. Allí se ha instalado la canadiense Eco-Oro Minerals Corp., antes Greystar, hoy a la espera de un milagro proveniente de Santos desde lo alto, para poder iniciar trabajos. Por su parte en el Páramo de Pisba, Boyacá, donde se produce el 35% de la papa del departamento, el turno lo ha tomado la Hunza Coal Ltd., relacionada con la Texana Mmex Mining, acreedora de buena parte de los 88 títulos mineros aprobados en la zona.

 
De los 404 títulos mineros hoy aprobados en las zonas protegidas, 288 corresponden a grandes compañias, esto es el 72%, casi todas inmersas en debates parlamentarios y controversias públicas por sus exiguo pago de regalías, la alta exención tributaria y los cuantiosos daños ambientales, sociales y económicos que han ocasionado en las regiones. Algunas, como es el caso de la Drummond, han sido acreedoras de sanciones.

 
Es por esto que el debate sobre la minería en páramos trasciende lo local. La ciudadanía, debe analizar si las autoridades nacionales están haciendo realmente la defensa que ameritan zonas tan importantes en materia de recursos naturales y presionar por una normatividad que de verdad permita ahondar en su protección. Pero además ha de abrirse el debate nacional sobre el papel de la minería en Colombia y en especial en zonas protegidas. El debate se torna mucho más necesario con los recientes cifras del PIB, según los cuales el agro tiende a la baja mientras el país depende cada vez más del sector minero, responsable del 5.9% en el incremento de la economía. Se hace menester discutir una política pública minera, hoy inexistente, detallar si es pertinente o no la minería en zonas protegidas, qué clase de minería debe ser y el papel de los pequeños y medianos mineros nacionales, en su mayoría habitantes de estas zonas.

La ciudadanía avanza en la comprensión que, sobre el papel de las autoridades nacionales se tiene a la hora de defender la zonas, la economía y los recursos naturales. A bien cabe la consigna del senador Robledo: “Minería sí, pero no así”. Es hora de poner a andar el sector minero de una manera más adecuada con el medio ambiente y el progreso real del país.

Cedetrabajo, 8 de abril de 2013.