Por César Giraldo / Semanario Caja de Herramientas  

El problema de la política pública hacia los trabajadores informales es que no los consulta porque se considera que su actividad económica está por fuera de la ley: no pagan impuestos, no tienen registro mercantil, no tienen derechos de propiedad claramente definidos. Y el Estado por principio no negocia sus políticas con quienes están al margen de la legalidad. Es el caso de la política hacia el espacio público: Mientras que por un lado no se pide la opinión