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Los Ciruelos: ¿Anla de la mano del crimen?

El 4 de noviembre de 2011 afirmé que el proyecto del hotel en el Parque Tayrona con la franquicia Six Senses resultaba ser la continuación de un experimento que ya había dado resultados: los Ciruelos 1 y 2.

Proyecto que para la fecha contaba con licencia ambiental y sus propietarios resultaban ser dos de los accionistas de la sociedad Promotora Arrecifes SAS., los mismos del Six Senses.

Mediante Resolución 0631 del 3 de abril de 2009 el Ministerio de Ambiente,

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El 4 de noviembre de 2011 afirmé que el proyecto del hotel en el Parque Tayrona con la franquicia Six Senses resultaba ser la continuación de un experimento que ya había dado resultados: los Ciruelos 1 y 2.

Proyecto que para la fecha contaba con licencia ambiental y sus propietarios resultaban ser dos de los accionistas de la sociedad Promotora Arrecifes SAS., los mismos del Six Senses.

Mediante Resolución 0631 del 3 de abril de 2009 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial otorgó licencia ambiental para el desarrollo del proyecto“ecoturístico Los Ciruelos” localizado en el Parque Nacional Tayrona en terrenos adyacentes a la ribera nororiental de Bahía Concha, a la altura de la Playa Los Ciruelos. Licencia otorgada a nombre de Julio Sánchez Sierra, propietario de los terrenos, y a quien se le facultó construir 12 ecocabañas en un área de 24 mil metros cuadrados al igual que dos muelles de acceso a la infraestructura del proyecto, uno en cada playa, y se le concedió permisos para el vertimiento de aguas negras y grises en todas las etapas de construcción y puesta en funcionamiento del mismo. (Ver RESOLUC 0631 03ABR2009: http://sdrv.ms/WxYeRA)

Iniciativa a la que le complacieron además solicitudes como el aprovechamiento forestal gratuito de 21,16 metros cúbicos de bosque tropical, bosque secundario y rastrojo tomados de los mismos bosques del Parque Tayrona para el desarrollo del proyecto; la exploración gratuita de aguas subterráneas para la construcción y puesta en funcionamiento del mismo; la construcción de dos cabañas para los administradores y la concesión subrepticia y gratuita, bajo la figura de intervención, de la zona de playa en Los Ciruelos. (Ver RESOLUC 1704 08SEP2009: http://sdrv.ms/13mzXop)

Licencia que además se expidió sin que se hubieren cumplido con las consultas previas con las comunidades indígenas de la SNSM solo porque la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, mediante oficio OFI108-322-DET-1000 del 10 de enero de 2008, certificó que “NO SE REGISTRAN comunidades indígenas en el área del proyecto”.

Paradójicamente el mismo Ministerio del Interior revocó un oficio parecido a favor de la construcción del Six Senses por comprobarse que tal certificación no correspondía a la realidad (certificaba una falsedad) y con ella se desconocían derechos fundamentales de las etnias indígenas de la SNSM (Ver RES MININTERIOR 671 21AGO2012: http://sdrv.ms/13mA4Af) pero la de Los Ciruelos, que presenta la misma falsedad, sospechosamente no fue objeto del mismo trámite de revocatoria.

Por otra parte el Ministerio de Medio Ambiente mediante Resolución 1405 del 19 de julio de 2010 autorizó la cesión de la licencia ambiental autorizada a Julio Sánchez Sierra en favor de la sociedad Reserva Los Ciruelos SAS que resultó tener como socios fundadores a dos de los accionistas de la entonces sociedad Promotora Arrecifes SAS, la misma del hotel siete estrellas. (Ver RESOLUC 1405 19JUL2010: http://sdrv.ms/11ndND4 y ACTA CONST SOC RESERVA LOS CIRUELOS SAS: http://sdrv.ms/RKiNgI)  

Estos socios fundadores son los señores Juan Rafael Hurtado Yoda y Nicolás Simón Solano Tribín. El primero también  representante de una empresa accionista de Mayagüez, sociedad beneficiaria de Agro Ingreso Seguro y citado por Daniel Coronell en un informe relacionado con aportes a la campaña de Uribito (ver http://www.semana.com/opinion/decision-contraevidente/150973-3.aspx), y el segundo igualmente beneficiario de AIS y cuya citación para imputación de cargos había sido promulgada por la Fiscalía General de la Nación para finales del año pasado.

Para facilitar la cesión de marras las partes procedieron a registrar un título de cesión de tenencia de la propiedad (operación prohibida por estar dicho terreno dentro de parque naturales nacionales) apoyados en un contrato de arrendamiento protocolizado mediante Escritura Pública 1171 de fecha 24 de junio de 2010 suscrita en la Notaría Segunda de Santa Marta. (Ver MATRICULA INMOB 080 – 27083: http://sdrv.ms/10mmD4H)

Claro que revisado el folio de matrícula inmobiliaria 080 – 27083 se constató que éste se desprende de uno de mayor extensión, el número 080 – 6989. Folio del que se han hecho serias observaciones de carácter legal y que están consignadas en los estudios de títulos contratados por la Dirección de Parques Nacionales a los juristas Filipo Burgos Guzmán y Marlenny Díaz Cano. Estudios que apuntan a concluir que los terrenos en los que se pretende construir dicho proyecto y al que se le otorgó licencia ambiental pueden resultar ser de la Nación y no propiedad privada pues al parecer hubo maniobras ilícitas para los registros y titulación de los mismos. (Ver CONSULTORIA FILIPO BURGOS GUZMAN: http://sdrv.ms/UbJ3zh y INFORME DE CONSULTORIA  DIAZ CANO 2004 BAHIA CONCHA: http://sdrv.ms/UFe652).

Irregularidades que fueron puestas en conocimiento del Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, respecto del cual se pronunció en un informe publicado por Noticias Uno. Informe que por cierto mereció un premio Simón Bolívar 2012 al periodista Paul Bacares y en cuya investigación participamos la periodista Dianas Salinas y el suscrito.

 

Las mismas irregularidades que posteriormente quedaron consignadas en el informe especial rendido por la Superintendencia de Notariado y Registro a la Dirección de Parques Nacionales y al señor Presidente de las República conforme consta en el punto 7 del título de “casos especiales” de dicho informe (Ver Página 37 INFORME EJECUTIVO TAYRONA – SNR: http://sdrv.ms/UFe90w)

De todas estas irregularidades fue puesto en antecedente el Subdirector de la ANLA, Rodrigo Suarez, con la esperanza que de forma oficiosa avocara el conocimiento y dispusiera la revocatoria de la licencia ambiental proferida a efectos de evitar otra impunidad en materia de licenciamiento ambiental conforme a los criterios dispuestos por la Corte Constitucional con la Sentencia C 746 de 2012; pero parece ser que la ANLA prefirió caminar de la mano del Código Penal.

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