Los nuevos llaneros

Por María Jimena Duzán  

…No son los ganaderos dueños de latifundios improductivos de antaño. Tampoco hombres intocables como el finado Carranza, dueño de un latifundio ilegal, construido sobre las fosas de los cadáveres que apiló a lo largo de dos décadas. No son tampoco los guerrilleros de las Farc, que habrían acumulado tierras de manera irregular a través de testaferros en San Vicente del Caguán.

No. Los nuevos llaneros son empresarios importantes: dueños de ingenios como el de Riopaila y de grupos económicos tan poderosos e influyentes como el de Sarmiento Angulo que han venido comprando tierras en Vichada con miras a invertir en proyectos agroindustriales. Cuarenta mil hectáreas están hoy en manos de Riopaila y cerca de 13.000 hectáreas son de propiedad de Sarmiento Angulo.

Lo malo no es que estos prósperos y poderosos empresarios sean los nuevos llaneros de Colombia. Que los hombres más acaudalados del país compren tierras para convertir la altillanura en el centro del desarrollo de la agroindustria es lo que el país está necesitando. Lo lamentable es que lo hagan por fuera de la ley, como lo revelaron los congresistas del Polo Jorge Enrique Robledo y Wilson Arias, denuncia que fue corroborada por el ministro de Agricultura en La W, cuando a regañadientes aceptó calificar estas compras de “ilegales” porque le hicieron el quite a la Ley 160 de 1994 que reglamentó la adjudicación de baldíos.

Esa norma prohíbe la acumulación de predios en una persona al establecer que no se puede tener sino una Unidad Agrícola Familiar, que es la cantidad de tierra que el gobierno considera suficiente para que una familia campesina –y no el dueño de un ingenio–, subsista y progrese.

De las 13.000 hectáreas que tendría el grupo Sarmiento Angulo por lo menos la empresa Organización Pajonales que pertenece a Corfinanciera, cuyo dueño es el grupo Aval, ya trasgredió la Ley 160 de  1994. Así lo afirmó el superintendente de Notariado y Registro en una respuesta a un derecho de petición hecho por el representante Wilson Arias. Y en el caso del Ingenio Riopaila, las 40.000 hectáreas compradas exceden de lejos la extensión de UAF permitida en el Vichada, que es de 1.100 hectáreas.

Aunque Francisco Uribe Noguera, el abogado de Brigard & Urrutia, firma que estructuró la compra de las 40.000 hectáreas de Riopaila, ha salido a decir que no hubo mala fe y que todo se reduce a un tema jurídico de interpretación de la ley, su actuación suscita muchos interrogantes. ¿Por qué Riopaila en lugar de haber comprado las tierras como Dios manda y de someterse a los precios comerciales que impone el mercado, optó por comprar baldíos que son predios destinados para ser adjudicados a campesinos sin tierra?

Puede que para Brigard & Urrutia el hecho de que los baldíos terminen en manos de los ricos sea un problema de interpretación jurídica, pero para un país que ha vivido 60 años de un conflicto por la tierra es un escándalo que contradice el Estado social de derecho sobre el que se edificó la Constitución de 1991.

Pero sobre todo demuestra que a la hora de la verdad el gran capital está más interesado en concentrar que en democratizar la tierra y que su apuesta por la paz es de dientes para afuera. Y si es cierto que no hubo mala fe, como insisten, ¿para qué entonces Brigard & Urrutia montó una sofisticada telaraña si no era para pasarse por la faja la 160 del 94?

Según Robledo, todas esos predios fueron originalmente baldíos adjudicados a campesinos o en trance de serlo. ¿A quién les compró el abogado Uribe Noguera de Brigard & Urrutia? ¿A campesinos? ¿A paramilitares? ¿A viudas desesperadas que vendieron su tierra a un precio irrisorio?

Pero además, la tramoya que montó el prestigioso bufete de abogados parece haber sido estructurada más por los abogados de Carranza que por el bufete más prestante del país, porque fue concebida para no dejar huellas. Constituyeron 27 SAS, las cuales compraron los predios con un préstamo del ingenio Riopaila por un costo de 40.000 millones de pesos. Uribe Noguera, acto seguido, en calidad de único accionista, cede sus acciones a cinco sociedades que a su vez son de propiedad de otras cinco empresas que fueron constituidas por la sociedad Asturias Holding con domicilio en Luxemuburgo, conocido paraíso fiscal. ¿Y quiénes eran los dueños de esa empresa salida de la nada? …el ingenio Riopaila. (Así lo afirma Deloitte & Touche, revisor fiscal de esa empresa).

Sería importante que el gobierno de Santos aclarara en qué orilla está en este escándalo. En dos ocasiones ha intentado meter dos artículos favoreciendo a estos nuevos llaneros que infringieron la Ley 160 de 1994 con estas compras irregulares, una de las cuales, no sobra recordar, fue estructurada por el bufete de abogados que dirigía Carlos Urrutia, actual embajador en Washington.

Con este escándalo, los únicos que deben estar muertos de la risa son las Farc.

Revista Semana, Bogotá, 16 de junio de 2013.